por Prensa

Manuel Cabezas, exsuboficial de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) condenado por torturas cometidas durante la dictadura militar, defendió la rebaja de ocho meses de su condena que le permitió abandonar Punta Peuco y agradeció al gobierno del Presidente José Kast por la firma del decreto. Sin embargo, pese a la sentencia judicial en su contra, el exuniformado negó haber participado en los delitos por los que fue condenado.

Sus declaraciones se producen en medio de la controversia que enfrenta el ministro de Justicia, Fernando Rabat, por las reducciones de penas concedidas durante la actual administración, que incluyen a 56 sentenciados por delitos sexuales contra menores de edad y a condenados por violaciones a los derechos humanos.

Cabezas defendió el beneficio recibido y lo atribuyó a su comportamiento durante el cumplimiento de la condena. “Este beneficio me lo gané yo por conducta sobresaliente”, aseguró el exsuboficial, quien, tras recuperar su libertad, retomó su oficio de peluquero.

No obstante, sus declaraciones adquirieron una dimensión adicional cuando desconoció su responsabilidad en los delitos por los que fue sentenciado. “Todo es falso, no soy un torturador”, afirmó.

Según su versión, su participación durante la dictadura se habría limitado al traslado de personas detenidas al interior de la Base Aérea El Bosque.

La afirmación contrasta con lo establecido por la justicia chilena. En 2021, la Corte Suprema confirmó una condena de cinco años y un día de presidio contra Manuel del Carmen Cabezas Pérez como autor de delitos reiterados de aplicación de tormentos contra Patricio Rivera Cornejo y Ramón Pavez Casanova.

Ambas víctimas fueron detenidas en 1973 y sometidas a torturas en dependencias de la Base Aérea El Bosque, hechos por los cuales el exintegrante de la FACh fue condenado.

De esta manera, la negativa de Cabezas a reconocer los delitos no modifica las conclusiones de la sentencia judicial que estableció su responsabilidad penal.

La situación vuelve a instalar cuestionamientos sobre la aplicación de beneficios penitenciarios a personas condenadas por violaciones a los derechos humanos, particularmente cuando uno de los favorecidos desconoce públicamente los hechos acreditados por los tribunales.

El origen del mal

Una investigación periodística expuso los nombres de parte de los 56 agresores sexuales que obtuvieron reducciones administrativas de condena durante la administración del presidente de ultraderecha José Kast. Informes de Gendarmería advirtieron que varios de los liberados presentan alto peligro de reincidencia, nula empatía y justificación de sus actos. Además, las víctimas jamás fueron notificadas.

La controversia estalló luego de que se acreditara que los decretos supremos que recortaron las penas carcelarias fueron firmados por el ministro de Justicia, Fernando Rabat (quien visó 22 documentos), el subsecretario de la misma cartera, Luis Silva (con 10 documentos), y el subsecretario de Derechos Humanos, Pablo Mira (quien firmó uno de los decretos).

Una investigación de radio Bio Bio identificó a 33 de los 56 condenados por delitos de índole sexual en contra de niños, niñas y adolescentes que recibieron rebajas administrativas de condenas bajo el actual mandato del presidente José Antonio Kast. Todos los involucrados se encuentran actualmente en libertad, pese a que múltiples informes técnicos advertían sobre su peligrosidad social.

Entre los casos más graves documentados se encuentran:

Luis Caamaño Mora (el autodenominado «Hermano Quelo»), quien lideraba un grupo religioso en Talcahuano y cumplía condenas acumuladas por más de 22 años por estupro, abuso sexual y violación reiterada. Obtuvo una rebaja de 30 meses firmada por el ministro Rabat.

José Luis Hernández Paredes, ex cabo primero del Ejército condenado a 16 años por ultrajar a dos niñas de corta edad tras manipularlas con regalos, cuya pena fue recortada en 24 meses.

Heriberto Eliecer Alvarado Silva, sentenciado por abuso sexual impropio, de quien un informe técnico fechado a mediados de 2024 advirtió que mantiene una «tendencia a favor del delito» y una total negación de los hechos, descartando además la posibilidad de someterse a tratamientos de rehabilitación.

Gabriel Hernán Reyes Rebolledo, condenado a 15 años por violación y abuso reiterado de menor de 14 años, beneficiado con una reducción de 30 meses pese a registrar un perfil catalogado con alto riesgo de reincidencia y total ausencia de conciencia sobre el daño causado.

La revisión de miles de fojas judiciales y peritajes psicológicos elaborados por Gendarmería permitió retratar el perfil de los beneficiarios, caracterizados por un deficiente control de impulsos, manipulación y constantes justificaciones de sus crímenes.

A diferencia de lo que ocurre con la libertad condicional ordinaria —proceso que exige por ley escuchar y notificar formalmente a las víctimas—, el mecanismo administrativo utilizado se ejecutó de forma interna entre el Ministerio de Justicia y Gendarmería, dejando a los afectados en total desconocimiento de la excarcelación de sus agresores hasta que los antecedentes salieron a la luz pública.

Crisis política y respaldo gubernamental

Pese a la presión política y al creciente rechazo ciudadano, el presidente Kast asumió la responsabilidad señalando descaradamente que «el Estado les falló» a las víctimas.

Y al mismo tiempo confirmó que mantendrá en sus cargos a los subsecretarios y al ministro Fernando Rabat, encomendándoles la tarea de esclarecer los hechos y liderar soluciones concretas frente a un flanco que continúa abierto en el Congreso.

A continuación, la lista completa de los 33 favorecidos que al día de hoy se encuentran libres:

1. Pascual Sergio Gutiérrez Huerta

2. José Jaime Silva Olivares

3. Héctor Remigio Orellana Araya

4. Pablo Eduardo Altamirano Valencia

5. Patricio Alejandro Ramírez Osorio

6. Eduardo Domingo Narváez Navarro

7. Pedro Enrique Peña Silva

8. Heriberto Eliecer Alvarado Silva.

9. Patricio Alberto Arancibia Farfán

10. Jordan Ignacio Celedón Villalba

11. Eduardo Alberto Escobar Herrera

12. Roberto Hernán Correa Catalán

13. Luis Caamaño Mora

14. Justo Emilio Vargas Gómez

15. Patricio Esteban Echeverría Rodríguez

16. Jeison Emerson Palacios Cabrera

17. Juan Daniel Fuentes Pérez

18. Maiker Isaac Villarroel Leiva

19. Daniel Hernán Jiménez González

20. Juan José Soto Aro

21. Juan Carlos Castillo Pereira

22. Luciano Isaías Valladares Jeldres

23. Waldo Gómez Mondaca

24. Domingo Hernán Astudillo Chacana

25. Boris Rodrigo Contreras Silva

26. Germán Fernando Leal Sáez

27. Rubén Gabriel Leguisamón Bunlluar

28. José Luis Hernández Paredes

29. Miguel Eduardo Alvarado del Valle

30. Juan Osvaldo Aceval Véliz

31. Florentino Segundo Quijada Villar

32. Gabriel Rosauro Gatica Jara

33. Gabriel Hernán Reyes Rebolledo

*Se emplearon varias fuentes para esta nota.