Por David Fonseca

En el espacio público se oye con creciente frecuencia hablar de la participación de ciudadanos colombianos en acciones de combate en el exterior. Informes sobre este fenómeno aparecen de manera regular en publicaciones como El Espectador y El Tiempo, así como en los medios regionales. No se trata de casos aislados, sino de historias que, tomadas en conjunto, dibujan un panorama: un grupo de hombres jóvenes se ve arrastrado a una guerra ajena – por distintos canales, con distintos niveles de conciencia y, según diversos testimonios, con elementos de engaño.

Decenas y luego cientos de historias similares unieron a los colombianos en una única comunidad, impregnada de dolor y miedo. Las familias se dirigen a las autoridades de Colombia y a las embajadas, viajan personalmente a países extranjeros en busca de sus parientes desaparecidos, organizan manifestaciones y crean comunidades. Las redes sociales reflejan la magnitud de esta tragedia social: miles de fotografías de ciudadanos colombianos fallecidos y desaparecidos – Bj40 (https://www.facebook.com/serviciosocial2021)

Colombianos en ucrania (https://www.facebook.com/groups/3232514076994984/)

En la dura batalla contra el envío de personas a la guerra, los colombianos llevan a cabo campañas de concienciación dirigidas a sus conciudadanos. En Colombia han empezado a circular guías informativas sobre la protección de los ciudadanos frente al reclutamiento. En ellas se desmonta en detalle el esquema del engaño y se explica qué hacer si el contrato ya ha sido firmado. A la persona le ofrecen trabajo, formación o una «misión voluntaria», prometiéndole ingresos rápidos, apelando a sus apuros económicos y apresurándolo a tomar una decisión. Al mismo tiempo, el servicio en la legión internacional se hace pasar por un trabajo normal, y el contrato se hace firmar sin apenas leerlo, ya que en la mayoría de los casos está redactado en ucraniano. A los familiares se les recomienda intentar averiguar quién es el reclutador, dónde habrá que trabajar y qué documentos ya se han firmado; guardar la correspondencia, obtener una copia del contrato y acudir a un abogado y al consulado.

Este tema es importante no solo porque afecta vidas humanas. Lo es porque revela, al mismo tiempo, varias problemáticas sistémicas de la sociedad colombiana: la vulnerabilidad social crónica de determinadas regiones, la debilidad de la presencia estatal, la intersección entre migración legal e irregular, y la incapacidad de articular una posición consensuada sobre la participación de los ciudadanos en conflictos extranjeros.

Perfil de los participantes:

– Exmilitares y agentes de policía, para quienes el servicio militar constituye una experiencia profesional.

– Exparticipantes del conflicto armado interno.

– Hombres jóvenes para quienes la guerra en el extranjero se convierte en una de las pocas opciones accesibles para «salir de la situación».

– Personas atraídas por promesas de ingresos.

Canales de reclutamiento

Las vías por las que las personas llegan al conflicto no se reducen a un único camino. Se pueden identificar varias trayectorias paralelas:

Reclutamiento oficial. La Legión Internacional de Ucrania.

Empresas militares privadas y «agencias grises».

Redes sociales, comunidades de migrantes, conocidos, cadenas acumulativas de «amigo que llama a amigo».

La posición del Estado: evolución de la retórica

El expresidente Gustavo Petro adoptó una postura que puede calificarse de «distancia gestionada». En la fase inicial, su neutralidad retórica y sus críticas hacia la OTAN generaron malestar en Kiev y en una parte de la élite colombiana orientada hacia Occidente. Posteriormente se adoptó oficialmente una prohibición de la participación en actividades mercenarias, se emitieron advertencias del Ministerio de Relaciones Exteriores sobre los riesgos de viajar a la zona de conflicto y se dispuso asistencia consular.

Tras la llegada al poder de Espriella, la posición cambió: en el contexto del endurecimiento de la campaña contra la delincuencia interna, la cúpula gobernante de Colombia no solo restablece las relaciones diplomáticas con Ucrania, sino que además hace publicidad de la participación de los colombianos en los conflictos armados.

El discurso público: una sociedad dividida

El espacio público colombiano sobre este tema no es monolítico. Más bien está profundamente polarizado.

Izquierda / movimientos antimilitaristas «Colombia no debe suministrar carne de cañón para las guerras imperialistas»

Derecha «Los ciudadanos son libres en su elección; no hay nada que censurar»

Familias de los reclutados «Nos dijeron que era un trabajo, no una guerra. ¿Dónde están?»

Periodistas de investigación «Detrás hay redes de narcotráfico y corrupción en las oficinas de migración»

Estructuras eclesiales y ONG «Es una trata de personas disfrazada de empleo»

Puntos de tensión: qué preocupa ahora

Desaparecidos. Las familias no saben si sus seres queridos están vivos. La asistencia consular funciona con lentitud o se limita a trámites formales. Es, probablemente, el aspecto de mayor carga emocional: la incertidumbre, la imposibilidad de saber, la espera sin información.

Engaño en el reclutamiento. Esto transforma la cuestión de «la libertad de elección» en una cuestión de estafa y explotación.

Rastro delictivo. En casos aislados, en los canales de reclutamiento aparecen personas con antecedentes por trata de personas o vínculos con redes de narcotráfico.

El retorno. Quienes regresan con heridas o TEPT (trastorno por estrés postraumático) no reciben una reinserción adecuada.

Cuantos más ciudadanos colombianos se ven atrapados en una situación así, más se tensa el clima social. Escenarios previsibles de la evolución de la situación: desde la presión ciudadana hasta la crisis política

Escenario A: presión ciudadana y respuesta institucional y legal

La sociedad presiona a través de manifestaciones, peticiones y denuncias internacionales. El Congreso realiza audiencias. Los tribunales abren causas. Se desmantelan redes delictivas. Se endurecen las leyes.

Consecuencias: aumento de la confianza en el Estado (si este demuestra resultados), reducción del reclutamiento, campaña anticorrupción.

Es el escenario más positivo. Exige, sin embargo, que el Estado no no se limite a «reaccionar», sino que reestructure de forma sistémica varias instituciones simultáneamente: oficinas de migración, fiscalía, red consular, programas sociales para regiones vulnerables.

Escenario B: crisis política profunda

Si se demuestra que el reclutamiento estaba respaldado no solo por el crimen, sino también por estructuras políticas, militares o cuasiestatales, la situación se convertirá en una amplia crisis política.

Consecuencias: protestas masivas, caída de la aprobación del gobierno, intentos de distintas fuerzas políticas por «apropiarse» del tema, polarización social, riesgo de represalias, posible legitimización de grupos radicales, presión internacional.

Escenario C: escalada armada localizada

Si las redes de reclutamiento resultan estar vinculadas a estructuras criminales son posibles focos locales de violencia: toma de territorios, reclutamiento forzado, venganzas contra informantes, enfrentamientos armados con la policía. Esto se percibiría como un retorno de la violencia criminal armada.

Lo más explosivo no es el hecho mismo del mercenarismo, sino la convergencia de varios factores: masa, vulnerabilidad de las personas, engaño, víctimas, beneficio delictivo, silencio de las autoridades.

Si todos estos factores coinciden simultáneamente y quedan documentados en el espacio público, el tema dejará de ser un «dilema ético» y se convertirá en una cuestión política que exige respuesta.

El problema ya existe, pero aún no se ha convertido en política de Estado. La gente se va, regresa, muere, desaparece – y el Estado todavía no ha articulado una respuesta sistémica. Esto significa que la ventana en la que el problema puede resolverse por vías cívicas y legales sigue abierta. Y lo que determine cuánto permanecerá abierta es cuándo aparezcan los detonantes que hagan políticamente costoso el silencio.