por Comandante Antonio García del Ejército de Liberación Nacional de Colombia, ELN
En el debate de control político del pasado 27 de octubre en el Congreso, Iván Cepeda presentó documentos, escrituras, registros inmobiliarios y estados financieros sobre los negocios de Abelardo de la Espriella y del ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, y de sus vínculos comerciales con personas relacionadas con el narcotráfico y el paramilitarismo.
Es parte de la larga historia de violencia donde estos dos fenómenos se entrelazan con personas de carne y hueso. Hugues Manuel Rodríguez Fuentes, alias «Comandante Barbie», fue condenado en 2007 a nueve años y dos meses de prisión por concierto para delinquir agravado, para promover grupos de autodefensa y falsedad material en documento público. No solo ejerció la violencia con fusiles: también hizo parte de ese entramado en el que el control de la tierra, la acumulación de riqueza y las redes económicas se convirtieron en instrumentos de poder. Un entramado que, como sabemos, sigue vivo.
Lo que Cepeda puso sobre la mesa son documentos que relacionan el entorno familiar y empresarial de Barbie con negocios de don Abelardo. Entre los asuntos señalados están la adquisición de la finca Nueva Jerusalén, en el Cesar, a una hermana de alias Barbie, y los aportes financieros asociados a una empresa vinculada al «Tigre», que no será una veterinaria, aunque podría necesitarla por el rabo de paja que desde hace rato le asoma, así vista con «cachaco».
Este gobierno no tiene autoridad para presentarse como abanderado de la lucha contra el «narcoterrorismo», por cuanto existen evidencias documentadas sobre los negocios de don Abelardo con paramilitares y traquetos.
La propiedad rural en Colombia es la historia del despojo. No por gusto, el país tiene una de las distribuciones de tierra más desiguales del mundo. Detrás de los más de 8 millones de hectáreas de tierra expropiada, hay miles campesinos asesinados y otros tantos expulsados, comunidades afro descendientes desplazadas, pueblos indígenas arrinconados, mientras que empresarios encontraron en esa guerra una oportunidad para ampliar sus patrimonios.
El paramilitarismo no fue solamente un proyecto de hombres armados. También fue un sistema de poder económico y político que tiene rostros conocidos, pero que una y otra vez se esquiva seguir los rastros de la violencia y los negocios tramposos, que nos llevarían a quienes terminaron beneficiándose, y que hoy siguen ocupando posiciones desde las cuales pueden influir en el destino de los territorios.
Las élites que gobiernan tan solo han permitido que se pueda reconocer los vínculos entre política y paramilitarismo, cuando ya han pasado varias décadas; así cuando aparecen las sentencias los protagonistas han perdido el poder. Al final inventan comisiones investigadoras, reconstrucciones históricas y frases solemnes.
Por eso, los interrogantes documentados sobre los negocios de don Abelardo, las relaciones de su entorno empresarial y el manejo de los bienes vinculados al narcotráfico deben responderse ahora. No cuando haya terminado su gobierno. No cuando los documentos se conviertan en material para una retrospectiva periodística.
ADENDA 1: Más de 1.400 cadáveres de las bóvedas que colapsaron en el cementerio San Camilo de Pereira, siguen esperando un lugar para continuar con su último descanso. Si para los muertos no hay soluciones, menos para los vivos. Nada que aparecen los «milagros» y la «Patria» seguirá embolatada.
ADENDA 2: El pasado mes de septiembre, en Barranquilla, los gobiernos de Colombia y Estados Unidos suscribieron dos memorandos de “entendimiento”. El senador Kevin Gómez tuvo acceso al contenido del memorando y cuestionó el alcance de los compromisos asumidos por el Gobierno colombiano: “Abelardo no firmó ningún ‘acuerdo estratégico’ con Marco Rubio: firmó la capitulación de Colombia a los intereses mineros de Estados Unidos”.
Fuente: ELN Voces
