por Red de Apoyo a los Presos Políticos de la Coordinadora Arauco Malleco – Valparaíso

Como Red de Apoyo a los Presos Políticos de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) de Valparaíso, manifestamos nuestro profundo rechazo y preocupación ante la resolución adoptada este 4 de noviembre de 2026 por la Corte de Apelaciones de Temuco, que rechazó el recurso de nulidad presentado por las defensas en el denominado Caso Lautaro, relacionado con hechos ocurridos el 22 de noviembre de 2022 en predios de las comunas de Lautaro, Cholchol y Temuco.

Esta resolución mantiene las condenas de presidio efectivo dictadas contra los weichafe Juan Carlos Mardones, Luis Guillermo Menares, Pelentaro Llaitul y Jorge Andrés Caniupil, cuyas penas fluctúan entre los 13 y los 16 años de cárcel.

Como organización de apoyo, denunciamos que este proceso judicial representa, desde nuestra perspectiva, una nueva expresión de la política de criminalización que el Estado chileno ha desarrollado contra quienes participan de la lucha autonomista mapuche. Una política que, lejos de abordar las causas históricas y políticas del conflicto entre el Estado chileno y el pueblo nación mapuche, responde mediante la persecución judicial, el encarcelamiento y el fortalecimiento de los mecanismos represivos.

Nos parece especialmente preocupante la magnitud de las condenas impuestas, considerando que, según lo sostenido por las defensas, se han planteado contradicciones entre las declaraciones de los testigos, elementos que, a nuestro juicio, debieron recibir una valoración rigurosa al momento de determinar las responsabilidades penales.

Consideramos que penas de esta magnitud no pueden ser comprendidas únicamente desde una dimensión jurídica, sino también dentro del contexto político y territorial en que se desarrolla el conflicto histórico entre el Estado chileno y el pueblo Nación Mapuche. La persecución penal de los weichafe se inscribe, desde nuestra mirada, en una estrategia de criminalización de las expresiones de resistencia y reivindicación territorial.

La lucha del pueblo nación mapuche tiene causas históricas que no pueden ser reducidas a una cuestión de orden público. La recuperación territorial, la defensa del Wallmapu, la autonomía y la exigencia del fin de la militarización de las comunidades son demandas que tienen su origen en una historia de despojo, ocupación y vulneración de derechos colectivos.

Denunciamos también el permanente hostigamiento que viven las comunidades mapuche en resistencia, la presencia policial y militar en los territorios y la persecución de quienes reivindican sus derechos políticos y territoriales. La judicialización del conflicto no resolverá las causas profundas que lo originan; por el contrario, profundiza las tensiones y aumenta el sufrimiento de las familias y comunidades.

Frente a esta nueva resolución judicial, expresamos nuestra solidaridad con los cuatro weichafe condenados, sus familias, comunidades y redes de apoyo, quienes han debido enfrentar años de persecución, procesos judiciales y el peso de las condenas carcelarias.

¡Libertad a los presos políticos mapuches!

¡Fin a la militarización y al hostigamiento de las comunidades mapuche!

¡Por la defensa del Wallmapu y los derechos del pueblo nación mapuche!