Señor

José Antonio Kast

Presidente de la República

Presente

Las organizaciones que conformamos la Coordinadora Nacional de Organizaciones de  Derechos Humanos y Sociales, en el ejercicio de nuestro derecho de petición, hemos venido  a solicitar que asuma su responsabilidad por los graves actos administrativos del Ministro de  Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, que han significado la libertad para  condenados por abusos y violación sexual contra niños y niñas y condenados por violaciones  a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura cívico militar de Augusto Pinochet.

Como movimiento de derechos humanos conocemos bien la importancia de la verdad, la  justicia y la reparación para las víctimas y sus familias, y también para la sociedad en su  conjunto, por ello rechazamos de manera categórica la firma de los 56 decretos que rebajan  las penas de condenados por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes: 27 decretos  por abuso sexual y 29 decretos por violación; y 3 decretos que rebajan la condena para  violadores de derechos humanos, en un intento velado de este gobierno por instalar la  impunidad para condenados por crímenes de lesa humanidad.

Ante esta situación, hemos sido muchas las organizaciones y las personas que,  transversalmente, hemos manifestado nuestro rechazo a esta medida y que exigimos la salida  del ministro Fernando Rabat, responsable directo y quien ha fallado gravemente en el deber  de protección que el Estado tiene frente a la niñez, y sus obligaciones en materia de justicia,  verdad, reparación, garantías de no repetición y memoria. Asimismo, la permanencia de  Rabat como ministro compromete al Estado de Chile con actos deleznables que revictimizan  a niñas, niños, adolescentes, violentan la conciencia civilizada de la humanidad, la ética política y los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, y deslegitiman su autoridad como jefe de Estado.

Finalmente, como Coordinadora Nacional de Organizaciones de Derechos Humanos y  Sociales le recordamos que el derecho a la verdad, a la justicia y la reparación es un  imperativo ético, moral y jurídico que el presidente de la República no puede soslayar,  tolerando, avalando y manteniendo en el cargo a un ministro de Estado que deja en libertad  y reduce las penas de condenados por crímenes de lesa humanidad y de abusos sexuales  contra niños, niñas y adolescentes.

¡No a la libertad para violadores, abusadores sexuales y para violadores de derechos  humanos!

¡¡No más impunidad!!, ¡¡Derechos Humanos, ni un paso atrás!!

Coordinadora Nacional de Organizaciones de Derechos Humanos y Sociales