Por Alfonso Insuasty Rodríguez*
La violencia armada en Colombia y sus fronteras atraviesa un momento de especial gravedad, no se trata únicamente de la intensificación de las operaciones militares, sino de las preguntas que surgen sobre sus objetivos, sus métodos, sus resultados y, especialmente, sobre la suerte de la población civil. Una sucesión de denuncias y hechos controvertidos obliga a examinar la actuación de la Fuerza Pública, la transparencia de la información oficial y los posibles usos políticos de los resultados operacionales.
El asunto más delicado es lo ocurrido el 30 de octubre de 2026 en Buenavista del Meta, estado venezolano de Apure, a ello se suman las denuncias sobre el bombardeo en El Tambo, Cauca, las acusaciones de posibles relaciones entre integrantes de organismos de inteligencia y estructuras armadas ilegales, y los señalamientos sobre prácticas de suplantación de grupos insurgentes en territorios de Casanare y Arauca.
Lo que está en juego es el derecho a la vida, la soberanía de los Estados, el respeto al Derecho Internacional Humanitario (DIH) y la posibilidad de que las operaciones militares se conviertan en escenarios de impunidad.
- Apure: civiles muertos, versiones contradictorias y una frontera que exige esclarecimiento
El 30 de octubre se registró un ataque contra un presunto campamento del ELN en el sector Buenavista del Meta, municipio Pedro Camejo, estado de Apure, Venezuela, las primeras denuncias divulgadas por la organización venezolana Fundaredes y recogidas por la agencia AFP reportaron al menos nueve cadáveres. Posteriormente, su coordinador regional habló de 19 personas fallecidas.
La información conocida posteriormente elevó la gravedad del caso, el Estado Mayor Nacional del ELN negó que sus unidades hubieran sido afectadas y afirmó que las víctimas eran civiles venezolanos, también sostuvo que el ataque habría sido ejecutado por aeronaves de la Fuerza Aeroespacial Colombiana en territorio venezolano.
Esta versión contrasta con los primeros reportes periodísticos, que atribuyeron preliminarmente la operación a fuerzas militares venezolanas, incluso con supuesto apoyo estadounidense. Hasta el momento, las versiones disponibles no permiten establecer de manera independiente quién ejecutó el ataque, bajo qué mando, con qué medios ni quiénes eran las personas fallecidas.
Hay otro elemento particularmente revelador, inicialmente circularon versiones sobre la muerte de alias Silvana Guerrero, señalada como comandante del ELN. Sin embargo, la organización aseguró que continuaba con vida y en el Catatumbo. La presentación anticipada de una supuesta baja de alto valor, sin identificación concluyente, aumenta las dudas sobre la información que circuló alrededor de la operación.
La pregunta central ¿Quiénes murieron realmente y qué ocurrió en ese territorio?.
Si se confirma que las víctimas eran civiles, estaríamos ante un hecho de extrema gravedad que exige establecer responsabilidades individuales y de mando, si hubo participación de fuerzas extranjeras o utilización de territorio venezolano por unidades colombianas, también deberán esclarecerse las responsabilidades por la eventual vulneración de la soberanía de Venezuela.
2. El Tambo: nueve bajas anunciadas y preguntas sobre personas retenidas.
El 22 de octubre, un bombardeo militar contra una estructura del ELN en zona rural de El Tambo, Cauca, fue presentado por el Gobierno como un resultado operacional contundente, la Presidencia informó inicialmente de nueve integrantes de esa organización muertos y señaló que entre ellos podría encontrarse alias Marcos Pacífico, cuya identidad estaba pendiente de confirmación.
Sin embargo, el Frente de Guerra Suroccidental del ELN denunció que en el lugar también habrían muerto cuatro civilesque «permanecían retenidos por razones económicas» y que, según su versión, estaban próximos a ser liberados. Asimismo, señaló la muerte del comandante Américo, a quien identificó como un dirigente afrocolombiano con trayectoria comunitaria.
Fuente: Revista Insurrección #1077 del ELN.
Por eso, la investigación debe establecer quiénes eran las personas fallecidas, cuáles eran sus condiciones antes del ataque, qué información de inteligencia sustentó la operación y si se adoptaron las medidas necesarias para proteger a la población civil. La presentación de un resultado militar no puede cerrar la investigación sobre las circunstancias en que ocurrieron las muertes.
- Norte de Santander: inteligencia estatal y posibles relaciones con estructuras armadas
Otro hecho que requiere atención ocurrió en la vía Ocaña-Cúcuta, el 17 de agosto fueron retenidos el mayor de la Policía Freddy Alexis Russi González, los patrulleros Erika Tatiana Monroy y Edison Yesid Medina, y la civil Angi Jácome. El ELN reconoció posteriormente que los tenía bajo su poder y difundió señalamientos sobre supuestas relaciones de los agentes con integrantes del Frente 33 de las disidencias de las FARC. El Frente de Guerra Nororiental afirmó que los testimonios y materiales incautados revelarían intercambio de información y coordinación entre agentes de inteligencia y esa estructura armada, incluso para cometer homicidios contra personas señaladas de pertenecer al ELN.
Se trata de acusaciones de enorme gravedad, formuladas por una organización armada que mantiene retenidas a las personas involucradas, no pueden asumirse como hechos probados, pero sí ameritan una investigación independiente de la Fiscalía y los organismos de control, con garantías para las personas retenidas y sus familias. Si se demostrara que funcionarios públicos utilizaron sus cargos, información institucional o recursos estatales para facilitar homicidios o colaborar con estructuras armadas ilegales, estaríamos ante una grave ruptura de las obligaciones constitucionales y legales de la Fuerza Pública.
- Casanare y Arauca: denuncias sobre suplantación y prácticas de terror
En Casanare y Arauca, el Frente de Guerra Oriental del ELN ha denunciado presuntas relaciones de colaboración entre integrantes de la Fuerza Pública y estructuras disidentes de las antiguas FARC, particularmente las comandadas por alias Antonio Medina y Pescado. Investigaciones periodísticas posteriores han documentado indicios de posibles vínculos entre militares y esas estructuras, asuntos que requieren esclarecimiento judicial. De comprobarse, no estaríamos ante simples irregularidades operacionales, sino ante prácticas de suplantación, engaño y utilización ilegal de la autoridad armada, con consecuencias directas sobre la seguridad de las comunidades.
La historia del conflicto colombiano obliga a tomar estas denuncias con particular seriedad. La utilización de estructuras armadas ilegales, la estigmatización de poblaciones y las operaciones encubiertas han sido mecanismos que, en distintos momentos, facilitaron la persecución, el desplazamiento y el despojo.
- Paramilitarismo y control territorial: lo que la ofensiva militar no explica
Mientras se publicitan los resultados de las operaciones militares, persisten alertas institucionales sobre la expansión y el control territorial de las AGC, también denominadas Clan del Golfo o Ejército Gaitanista de Colombia (EGC). La Defensoría del Pueblo ha advertido sobre los riesgos que esta estructura representa en Córdoba y la Sierra Nevada de Santa Marta, así como sobre las disputas armadas y restricciones a la movilidad en regiones del Chocó, Urabá y el Pacífico. Estos escenarios evidencian la persistencia de mecanismos de coerción, extorsión y regulación armada de la vida comunitaria. A ello se suma un antecedente histórico ampliamente documentado por la Comisión de la Verdad y el Centro Nacional de Memoria Histórica, las relaciones entre estructuras paramilitares, poderes económicos, actores políticos y sectores institucionales. Resulta importante preguntar por la eficacia de la respuesta estatal frente a estas estructuras, sus redes económicas y su capacidad de control territorial real.
6. La incautación de armas y las versiones enfrentadas sobre Los Pachenca.
El 6 de noviembre, el Gobierno de Abelardo De La Espriella anunció la incautación de 104 armas en aguas de La Guajira, durante la denominada Operación Poseidón, y aseguró que el arsenal estaba destinado a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), conocidas como Los Pachenca. Cinco personas fueron capturadas. Sin embargo, mediante comunicado, esta organización negó cualquier vínculo con la embarcación, el armamento y los capturados, y calificó los señalamientos como posibles «falsos positivos judiciales y mediáticos», exigiendo una investigación rigurosa. La controversia plantea una pregunta necesaria: ¿está plenamente demostrado el destino del arsenal y la pertenencia de los capturados a dicha estructura, o se están presentando hipótesis de inteligencia como resultados judicialmente establecidos?
La vida no puede ser un resultado operacional: investigar, proteger y negociar
Colombia conoce demasiado bien las consecuencias de los falsos positivos, la connivencia entre sectores estatales y estructuras paramilitares, la persecución de comunidades y la utilización de la guerra para imponer determinados órdenes territoriales. Repetir esas prácticas, o tolerar que se reproduzcan bajo nuevas modalidades, significaría profundizar una deuda histórica de impunidad.
El problema de fondo es la posibilidad de que sectores del aparato estatal terminen normalizando un funcionando bajo las lógicas de connivencia, encubrimiento y articulación con poderes criminales, cuando esto ocurre, la institucionalidad pierde legitimidad y se configura un escenario que puede caracterizarse como una expresión de Estado mafioso: no porque toda la institucionalidad sea homogénea, sino porque determinadas redes pueden capturar, instrumentalizar o poner al servicio de intereses particulares las capacidades públicas.
La seguridad no puede medirse por el número de muertos, los territorios ocupados o los anuncios de victorias militares. Debe medirse por la protección efectiva de la vida, las garantías para las comunidades, el respeto a la soberanía y la posibilidad de construir condiciones de paz.
La sociedad colombiana, las organizaciones populares, las comunidades étnicas y campesinas, las universidades y los organismos de derechos humanos tienen un papel fundamental en el esclarecimiento y la vigilancia pública de estos hechos. La autoprotección comunitaria, la denuncia, la documentación de violaciones y la exigencia de garantías no pueden confundirse con la participación en la guerra: son formas legítimas de defensa de la vida y del territorio.
La verdad y la justicia no puede estar subordinada a la propaganda y la impunidad
+ CONTEXTO:
– La seguridad como espectáculo, la violencia como gobierno
– El espejismo de la seguridad sin estrategia: degradación del orden público.
*docente investigador Universidad de San Buenaventura Medellin, parte de REDIPAZ y grupo Autónomo Kavilando.
