Confrontar la dependencia del endeudamiento constituye un desafío para los pueblos, en la perspectiva de un proyecto emancipador que supere el orden capitalista, la explotación y el saqueo de nuestros bienes comunes.
El 8 de enero fue el acontecimiento más contrarrevolucionario en Brasil desde el golpe de 1964. Mucho más reaccionario y peligroso que las movilizaciones reaccionarias inspiradas por el Lava Jato que culminaron en el golpe institucional contra Dilma Rousseff. Fueron la antesala de una amenaza de guerra civil.
Hoy en día, la desigualdad de la riqueza es tan grave como en los primeros años del siglo XX: en promedio, la mitad más pobre de la población mundial posee solo 4.100 dólares por adulto (en paridad de poder adquisitivo), mientras que el 10 por ciento más rico posee 771.300 dólares, aproximadamente 190 veces más riqueza. La desigualdad de ingresos es igualmente dura: el 10% más rico absorbe el 52% de los ingresos mundiales, mientras que el 50% más pobre sólo dispone del 8,5%. La situación empeora si nos fijamos en los ultrarricos. Entre 1995 y 2021, la riqueza del 1% más rico creció astronómicamente, acaparando el 38% de la riqueza mundial, mientras que el 50% más pobre solo «alcanzó un aterrador 2%», escriben los autores del informe.
Todo el pueblo y todos los pueblos. Mestizos, aymaras, quechuas, campesinos, trabajadores, estudiantes, feministas populares, veteranos y juventud. En el norte y sur del Perú se movilizaron. Y desde los 4 puntos del país andino, innumerables comunidades y agrupaciones sociales e indígenas confluyeron en el centro de Lima este jueves 19 de enero, tal como lo prometieron. A pesar de las muertes de la dictadura, los heridos, los presos, la represión criminal de la policía y los soldados.
Una de las concentraciones centrales de la protesta nacional se realizará en Lima.
La revolución siempre ha constituido un enigma: ¿cómo las clases explotadas económicamente y dominadas políticamente podrían derribar a la burguesía, una clase dotada de todos los poderes? Este enigma se ve reforzado en el actual contexto por la debilidad de la izquierda revolucionaria y del movimiento obrero en su conjunto, aunque desde hace una decena de años hemos visto surgir movimientos radicales, incluso levantamientos, que han conseguido desestabilizar los poderes establecidos y, en ocasiones, hacer caer regímenes dictatoriales, sin lograr por ello ir más lejos en el sentido de una verdadera ruptura con el orden establecido.
Por su parte, la dictadura, ofreciendo señales de debilidad y descomposición, estableció el estado de emergencia en las regiones de Lima, el Callao, Puno y Cusco, declaración irrespetada por las fuerzas populares y democráticas que, armadas de dignidad y razones justas, marchan legítimamente sobre la capital, como lo hicieron hace años contra la tiranía del genocida Alberto Fujimori.
La medida hecha pública el domingo 15 de enero, situó a la comunicadora social Kariane Costa como la nueva responsable de la Empresa Brasileña de Comunicación, EBC, de la cual se desprenden medios estratégicos como la Agencia Brasil, TV Brasil, la emisora Radio Nacional, entre otros.
La importancia estratégica de la movilización y organización desde abajo en el próximo período también se deriva del hecho de que el gobierno de Lula no solo está compuesto por sectores de izquierda, sino también por segmentos de derecha, vinculados a la clase dominante. Este gobierno de frente amplio siempre tendrá contradicciones y límites. Será necesario abrir el camino a la izquierda con la lucha de masas, la organización de base y el desarrollo de las autodefensas de los movimientos y organizaciones de la clase obrera, para derrotar al bolsonarismo y lograr los cambios necesarios, incluida la garantía del castigo a los fascistas.
La medida, que tiene un mes de duración desde este domingo 15 de enero, otorga plenos poderes a la Policía para mantener el control del orden interno del país con el auxilio de las Fuerzas Armadas, y consiste en la suspensión de los derechos constitucionales de la población, como la inviolabilidad de domicilio y las libertades de tránsito por el territorio nacional, reunión y libertad y seguridad personales. En el departamento de Puno ya se impuso el toque de queda.
