(Este es un extracto de un reportaje de CIPER)

La Fiscalía investiga denuncias contra 466 agentes del Estado (policías y efectivos de las Fuerzas Armadas) acusados de supuestas violaciones a los derechos humanos desde el inicio del estallido social, el 18 de octubre de 2019. La información proporcionada a CIPER por el Ministerio Público indica que esta cifra es preliminar –conforme al “actual estadio en el que se encuentran las investigaciones”– y puede variar.

Respecto de los civiles acusados de cometer eventuales delitos violentos durante las protestas, el gobierno informó a CIPER que hasta el 7 de julio pasado había presentado acciones judiciales contra a 3.274 personas, todas incluidas en 1.914 querellas. De ellas, un 55% (1.054) se basan en la Ley de Seguridad Interior.

Como resultado de estas presentaciones judiciales, un total de 281 personas están hoy en prisión preventiva, según las cifras del Poder Ejecutivo al 7 de julio. Otras 216 se encuentran bajo arresto domiciliario (ver documento entregado por el Ministerio del Interior).

La Fiscalía, por su parte, informó a CIPER que 299 personas estaban cumpliendo prisión preventiva hasta fines de abril, incluidos ocho menores. Según el Ministerio Público, desde el inicio del estallido social, unas 448 personas fueron sometidas a esta medida.

En una parte de estos casos, las pruebas son videos grabados por agentes infiltrados en el momento en que se cometieron los actos investigados, según explicó el abogado defensor Nicolás Toro, quien trabaja con la Coordinadora 18 de Octubre y que representa a civiles acusados por el gobierno.

De todos los civiles formalizados, según un informe de la Defensoría Judicial de la Universidad de Chile, sólo 103 estaban presos hasta abril por desórdenes públicos o maltratos a policías (ver informe Universidad de Chile).

Para este organismo, el Estado chileno “ha adoptado estrategias de criminalización de la protesta social, inobservando criterios de legalidad, proporcionalidad, debido proceso y no discriminación en sus respuestas institucionales”.

Desde el interior del centro penitenciario de Santiago Uno, una de las personas en prisión preventiva por presuntos delitos asociados al estallido social accedió a conversar telefónicamente con CIPER, bajo reserva de su nombre: “Alcanzamos a ser unos 150, pero cuando nos cambiaron del Módulo 14 al Módulo 12, quedábamos sólo unos 50, hace un mes y medio”, dijo.

Según su versión, el traslado al interior del recinto carcelario generó una mayor interacción con la población penal: “En el sector que estamos ahora hay de todo… homicidas, violadores, traficantes y hasta carabineros. Antes sólo éramos personas detenidas por el estallido social”.

Este cambio —dijo— los ha golpeado: “Anímicamente, estamos mal. Vemos sólo cemento, sin visitas desde hace dos meses”. Las visitas se restringieron debido a la cuarentena por Covid.

“Los gendarmes (al principio) nos tiraban gas pimienta, para divertirse. Y nos pedían dinero, para pasarnos celulares. Luego los quitaban y volvían a pedir dinero. Sin embargo el grupo se unió… Bueno, tenemos que estar juntos. Nos deben ver como un grupo homogéneo”, subrayó.

La cárcel, a su juicio, es “un gran dispositivo de marginalización, porque sólo los detenidos pobres seguimos acá, los demás consiguieron abogados y salieron”.

Puede leer el Reportaje completo en CIPER

Son muchos más los que están en Prisión

De acuerdo a Liberacion.CL serían muchos más las personas que están detenidas por otros delitos conectados y vinculados a la protesta social. Les invitamos a escuchar este audio, grabado en mayo pasado, Felipe Guerra expone sobre los presos políticos de la revuelta social

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