Guatemala. Clientes europeos de minera Solway exigen que dé cuenta por violaciones de derechos de comunidades indígenas

Tres compañías de Europa, clientes de la minera ruso-suiza Solway que opera en El Estor, Izabal, han expresado su preocupación por la violación de los derechos humanos y los vínculos corruptos de la empresa extractivista de níquel con el gobierno autócrata de Alejandro Giammattei. De hecho, una de las empresas cliente ya congeló sus transacciones con Solway.

A partir del 6 de marzo, un buen número de medios masivos de comunicación de todo el mundo han detallado informativamente las maneras en que la firma Solway viola sistemáticamente los derechos humanos del pueblo Maya Q’eqchi’ cuyo territorio originario se encuentra en El Estor.

Asimismo, los reportajes de la prensa internacional han revelado cómo la minera sobornó a la policía guatemalteca hasta convertirla en su guardia privada frente a las movilizaciones de protesta de las comunidades indígenas afectadas violentamente por la actividad extractivista; de qué manera compró a burócratas del país centroamericano; intentó dividir al pueblo Q’eqchi’ para conseguir sus fines lucrativos; y contaminó las aguas de la zona, en particular el lago Izabal.

Así fue que el holding sueco Outokumpu que vende acero y se abastece parcialmente de Solway, debido a sus políticas ambientales, resolvió dejar de comprar materia prima a la minera y efectuar una supervisión en terreno guatemalteco sobre los modos en que opera la industria extractiva.

Igualmente, otras dos firmas de Europa, Bosch-Siemens e IKEA, dijeron estar investigando los procedimientos ilegales de la minera ruso-suiza asentada en Guatemala.

En tanto, el internacional Comité para la Protección de Periodistas, con sede en Nueva York, Estados Unidos, declaró que la administración del Estado de Guatemala tiene que quitar de inmediato las demandas judiciales contra el comunicador social Carlos Ernesto Choc, perteneciente al medio independiente Prensa Comunitaria del país centroamericano, perseguido por reportear responsablemente las movilizaciones de las comunidades indígenas contra los efectos destructivos provenientes de la minera.

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