El internacional Comité para la Protección de Periodistas, con sede en Nueva York, Estados Unidos, declaró que la administración del Estado de Guatemala tiene que quitar de inmediato las demandas judiciales contra el comunicador social Carlos Ernesto Choc, perteneciente al medio independiente Prensa Comunitaria del país centroamericano.

A mediados de enero de 2022, un fiscal del tribunal de Puerto Barrios, departamento de Izabal, dictó la detención de Carlos Choc porque el periodista acusó a 13 funcionarios policiales por la brutal represión ejecutada contra comunidades que protestaron por las dañinas operaciones minero-extractivistas en El Estor. Tras las denuncias periodísticas de Choc, la policía nacional se querelló nuevamente contra el comunicador por cumplir con su deber informativo. Ya lo había hecho el 2017 y el 2020 por situaciones similares.

Los agentes uniformados dijeron que una docena de personas, con el periodista incluido, supuestamente los agredieron en medio de las protestas. Por su parte, Carlos Choc denunció que los policías lo hostigaron mientras cubría la movilización contra la minera, y le arrebataron su teléfono y micrófono.

La vocera del Comité para la Protección de Periodistas, CPJ, destacada a América Latina y el Caribe, Natalie Southwick, señaló que el gobierno autócrata de Guatemala persigue y judicializa la labor periodística de Choc, cuyo único crimen es reportear las represión estatal sobre cualquier movilización popular y ciudadana.

Hasta el momento, ni el vocero de la policía nacional Jorge Aguilar, ni el juez destacado para el caso del periodista Carlos Choc han contestado las solicitudes de explicaciones del CPJ.