Colombia. Los retos del Presidente

Por Luz Marina López Espinosa

Romper una estructura de poder dos veces centenaria es la tarea que  deberá emprender a partir de este siete de agosto el presidente colombiano Gustavo Petro Urrego.  Y no porque el suyo vaya a ser un gobierno revolucionario en el sentido político del término, sino porque el simple hecho de mantener  el sistema capitalista, pero dentro de un marco auténticamente democrático y exigiendo la contraprestación que ese apoyo implica, ya resulta revolucionario a los oídos de muchos tanto de izquierda como de derecha. Para estos, en un significado odioso. Porque es claro, esa reciprocidad por las condiciones favorables al desarrollo capitalista que brinda el Estado – jurídicas, de servicios,  seguridad, infraestructura, aranceles, etc. -, tiene nombre propio: tributación creciente y proporcional, generación de empleo digno, responsabilidad ambiental y productividad de la tierra. Por lo pronto.

Y es una estructura de poder  político  que se rompe – lo que  no significa arrasarla -,  porque por primera vez en la bicentenaria historia republicana la derecha “dueña” de él es desplazada  con los efectos alentadores de acceso al poder que ello tiene en el imaginario popular, y por el profundo y dificultoso cambio cultural que implica. La forma de ejercer el poder hasta hoy en Colombia se ha fundado  en unas arraigadas concepciones donde se entrecruzan lo moral, lo ideológico y aun lo religioso. Prejuicios en últimas, pero que son la escala de valores de la sociedad dominante. ¡Y de estos sí que podemos ejemplarizar!  Son legión.

Muy ilustrativa muestra  de lo anterior,  es esa categoría que utilizan las élites -incluidas las que no lo son pero se lo creen -, de  la “gente bien”  o “de bien”. Que no sería   otra que ellos mismos, parnaso del cual quedan excluidos los demás, “los otros”, quienes piensan distinto sobre el deber ser del Estado, justicia, orden público y social y ejercicio de la autoridad. Y aun quienes tienen escalas estéticas y lúdicas distintas.  Igual modelo de esos prejuicios arraigados como valores, es la asociación de lo superior y distinguido con cierto tipo racial, el desprecio por lo que alguna categoría estética considera “feo”, y la creencia de que la desigualdad inherente a la condición humana justifica que haya ricos muy ricos y pobres muy  pobres. ¡Ah! Y la sempiterna convicción de que cualquier impugnación del orden establecido y  la autoridad, es un crimen no solo a nivel jurídico sino moral, que debe  ser castigado en  forma inflexible; más aún, brutal. Y de esto sí que podemos dar fe en Colombia.

Todo eso está en el imaginario del nuevo Presidente y es un  desafío colosal por la certeza que tiene la clase  beneficiaria  del poder de la legitimidad  de tal estado de cosas, lo que traduce  según se está viendo  y se verá cada vez más,  que peleará con acerbidad  la intangibilidad de sus privilegios. Suerte de derecho divino que les pertenece a ellos y a la sociedad que creen representar. Ese es también un problema cultural, uno de los muchos retos del presidente Petro.

Pero son más los desafíos del nuevo mandatario de la nación. Uno de los mayores, el que más carácter personal y respaldo popular exige, es revocar el burdo modelo militarista del Estado colombiano, verdadero Estado policivo, por uno además de civil, civilista. Algún despistado apelará al viejo alegato de si acaso en Colombia no se elige Presidente y Congreso cada cuatro años, que si ellos no tienen funciones independientes y que si acaso no hay Cortes de Justicia soberanas y no operan  organismos de control.  Y se podrá responder que sí a todas esas lindezas, pero al mismo tiempo que con todo y ello en Colombia es inveterada la sistemática violación  de los derechos humanos. Y que la impunidad de los crímenes militares – legión según se revela cada día por confesión  de los propios autores – es un   pacto inviolable esculpido en bronce por el régimen político con el estamento castrense. Y así muchas cosas, como la nominal supremacía del presidente sobre el mando miliar, la verdad más  estimable de nuestra institucionalidad, la cual  habría que morigerar diciendo que sí, pero contando con que  el presidente sea uno de ellos. Solo que vestido de civil. Uno que piense como ellos, actúe como ellos y desde luego, diga sí a lo que pidan y reclamen.

Ese, el más duro e imperioso propósito del presidente Petro, el que incluye la moralización y relegitimación del Ejército incurso en aterradora cantidad de crímenes y hechos de corrupción. Y la reconversión de la Policía Nacional en lo que constitucionalmente es, fuerza civil y no militar de choque cuyo enemigo natural es la población que inerme sale a protestar.  El escandaloso número de muertos, desaparecidos, torturados y mutilados  del  estallido social de los meses de abril a junio del 2021 a manos de la policía, a veces impúdicamente  cubriendo a paramilitares que disparaban contra  jóvenes, habla de lo urgente de este compromiso. De las dificultades que ese empoderamiento del poder civil comporta, son indicativo las retadoras palabras del comandante saliente del ejército contra el presidente electo, y las destempladas declaraciones de los oficiales retirados   que nostálgicos del poder que tuvieron pretenden seguirlo ejerciendo desde su gremio.

Son más los retos, y caemos en la tentación de decir de cada uno que este sí es el más “duro e imperioso”. Porque ¡vaya si los hay y lo son! Qué decir acaso de  revertir la  tristemente célebre guerra contra las drogas, campo de batalla que solo corrupción institucional y muerte de nacionales ha dejado. Y más penoso aún, donde Colombia – derogatoria constitucional de por medio -, ha asumido y aceptado el rol de  colonia judicial y policial de los Estados Unidos. O si no, que nos cuenten cuántos  distribuidores y expendedores de drogas en las calles norteamericanas que son quienes hacen posible la producción en Colombia, han sido extraditados a este país. Y qué jueces, fiscales o policías colombianos ejercen  en ese país su autoridad y funciones  jurisdiccionales,  que sí aquí sus similares norteamericanos. Un policía de esta nación se mueve en Colombia con la misma solvencia con que lo hace en  Queens. Y los jueces no tienen que pisar el territorio patrio. Mandan la orden que es de inmediato, en tiempo real, cumplida.

Pero hay más desafíos del gobierno entrante: la lucha contra el latifundio ocioso, la ganadería depredadora de  selvas y bosques, la deforestación y la minería que devasta ríos y páramos,  es decir agua. Y en otro frente, ponerle fin a las exenciones tributarias que favorecen a opulentas y poderosas empresas, gravar el enriquecimiento derivado de la propiedad urbana improductiva valorizada con las obras públicas, los planes de ordenamiento  o los usos del suelo. Y qué decir de líneas gruesas de promesas de campaña como terminar con  la intermediación en los servicios de salud, las famosas Empresas Promotoras  de Salud que ya están  haciendo agua como desde su nacimiento lo vaticinaron los expertos que analizaron la ley 100 de 1993. Y revertir al Estado, es decir a la sociedad, los cuantiosos rendimientos del ahorro pensional de millones  de trabajadoras y trabajadores, hoy objeto de apropiación privada.

Y por último en este paneo de los retos que afrontará el nuevo presidente de Colombia cuando por primera vez se hará cierta la promesa-burla de “ahora sí el cambio”, no es secundario  poner fin a ese horror que nos  identifica  y avergüenza  ante el mundo,  el diario asesinato de líderes sociales. En esto, como cuestión de principios, será implacable el gobierno. Con las organizaciones criminales responsables de ello y qué no decir, con las complicidades oficiales una y otra vez demostradas. Y dentro de este mismo ámbito de la seguridad ciudadana y  garantías a la oposición, reversar esa herencia perversa del gobierno de Iván Duque, el asesinato con tintes de exterminio  de exguerrilleros de las Farc que acogidos  a la promesa oficial, suscribieron el Acuerdo de Paz.

Cumplir bien, fiel y honradamente el Acuerdo de Paz como reza la fórmula judicial suscrito por el Estado colombiano con  las FARC-EP , compromiso de jerarquía constitucional, es otra tarea pendiente  que deberá asumir el presidente Gustavo Petro. Y en esto -como en todo en últimas-,   sí que hará diferencia con el gobierno saliente cuya función en tan delicado asunto fue simular su cumplimiento mientras intentaba hacerlo trizas. Trescientos cuarenta excombatientes militantes hoy del Partido Comunes asesinados mientras cumplían tareas nacidas del Acuerdo, es inconcebible producto de la paz, del cual no puede ser ajeno el jefe de Estado. Es algo en lo que le va el honor al gobernante y a su proyecto político todo. Y esto lo sabe bien el nuevo presidente de Colombia.

*La imagen principal fue tomada por la propia autora del artículo

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