Culpable por los crímenes de lavado de dinero y soborno se declaró este jueves 20 de octubre el exministro de la dictadura de Áñez (noviembre de 2019 a octubre de 2020), Arturo Murillo, en la causa que se le sigue al golpista en una corte federal de Florida, en Estados Unidos. El sedicioso permanecía aprehendido desde mayo de 2021 en un centro de detención administrativa de Miami.

Luego de reconocer su culpabilidad, resta que el tribunal dicte la sentencia contra Murillo, quien puede ser condenado a un promedio de 5 años de reclusión, debido a que el golpista tuvo una participación protagónica en la adquisición fraudulenta de armamento represivo, cuyo sobreprecio atesoró en diversas cuentas bancarias del país del norte.

Según el procurador general del Estado Plurinacional de Bolivia, Wilfredo Chávez, el procesado tendrá que devolver cualquier tipo de propiedad que esté implicada en los ilícitos, además de cancelar, al menos, medio millón de dólares, y añadió que en caso alguno se sostiene la defensa de una presunta persecución política en su contra.

El procurador Chávez indicó que Murillo fue uno de los principales ejecutores del desvío y malversación de recursos provenientes de las arcas fiscales de Bolivia, justo cuando la pandemia por Covid 19 provocó los peores estragos entre la población, carente de toda medida proveniente del régimen en materia de protección sanitaria.

Tras la condena de Murillo en las cárceles estadounidenses, el delincuente tiene que ser puesto en manos de la justicia boliviana por otros crímenes que adeuda, por lo cual desde ya se están realizando los trámites para su extradición o deportación, según los convenios establecidos al respecto entre el Estado Plurinacional de Bolivia y Estados Unidos.

El 2020, en plena dictadura, Arturo Murillo y su camarilla triangularon los dineros del Banco Central boliviano con la compañía Bravo Tactical Solutions para adquirir cantidades industriales de bombas de gases lacrimógenos por un monto de 5,7 millones de dólares, pero únicamente pagaron a la empresa brasileña Cóndor 3,3 millones de dólares por el arsenal, dañando el erario público en 2,3 millones de dólares.