Honduras. Violento desalojo policiaco militar contra comunidad garífuna indigna al país y presidenta Castro exige respeto a los DDHH

Este 7 de noviembre, la Policía Nacional, Fuerzas Armadas y la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), efectuaron un violento desalojo en la comunidad garífuna de Punta Gorda, Islas de la Bahía, en Roatán, Honduras, la primera comunidad garífuna asentada en Centroamérica que no tiene título comunitario.

Tras la violenta arremetida militar y policial, fueron arrestadas a seis presonas: Melisa Martínez, coordinadora de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), Dorotea Arzú, Tishany González, Richard Armando Martínez, Abot Efraín Sánchez y Augusto Moisés Dolmo. Todos fueron trasladado al penal de Coxen Hole, en Roatán, para ser puestos en libertad este 8 de noviembre, a cambio de medidas sustitutivas.

OFRANEH manifestó que con los arrestos, el Estado hondureño busca justificar la falta del título comunitario del cual carece el pueblo garífuna debido a que se trata del primer asentamiento originario que proviene de 1797.

Según la agrupación garífuna, el gobierno de la presidenta Xiomara Castro utilizó la violencia para silenciar revindicaciones territoriales, incumpliendo con sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Sin embargo, la presidenta Xiomara Castro, en la madrugada del 8 de noviembre, declaró que, «He solicitado informe del violento desalojo ordenado judicialmente. No fui informada previo a ejecutar el desalojo. Los garífunas reclaman justicia por sus tierras ancestrales. Esto debe ir a juicio no a desalojo que criminaliza derechos. Exijo libertad inmediata y respeto a DDHH».

La Oficina en Honduras del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (Oacnudh) condenó la detención de los seis integrantes de la comunidad efectuado en el marco de un desalojo forzoso, que asegura fue en contravención de las obligaciones en derechos humanos.

Por su lado, medios de Honduras informaron que la Secretaría de Derechos Humanos acusó a los Juzgados de Letras de Roatán, por el desalojo, indicando que se actuó de forma contraria a los estándares internacionales de derechos humanos.

Asimismo, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) solicitó una amplia investigación sobre la corrupción entre los jueces del Juzgado de Letras de la Bahía y las acciones violentas de la policía.

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