Luego de 36 días de un paro sin masividad, pero violento y criminal en el departamento de Santa Cruz, el caudillo del denominado comité cívico cruceño, Rómulo Calvo, informó este sábado 26 de noviembre, que daban por terminada la medida de presión, tras aprobarse la Ley del Censo en la cámara baja.

Lo que Calvo no dijo fue que el paro sólo se sostenía por bandas paramilitares que durante más de un mes cometieron crímenes de sangre, violaciones en grupo, dejaron una estela incontable de heridos, incendiaron sedes sindicales del campo y la ciudad, destruyeron y saquearon pequeños comercios, amenazaron al pueblo trabajador, interrumpieron mediante el terror y muchas veces narcotizados los servicios de emergencia de salud y educación, sin contar los daños económicos que causaron a la población departamental, entre varios otros delitos que están siendo procesados por la justicia. Tampoco reveló que la exigencia de reprogramar la fecha del registro censitario sólo fue una excusa burda para intentar desestabilizar la democracia y, en particular, al Gobierno Nacional de Luis Arce y David Choquehuanca. Como no tuvo ningún resultado por su impopularidad, motivaciones antidemocráticas y violentismo racista, ya había que darle un cierre al paro.

Calvo hizo su comunicado después de una larga reunión con el jefe del denominado comité interinstitucional, Vicente Cuéllar, miembros de los grupos neofascistas de la unión juvenil cruceñista y el gremio de la oligarquía agropecuaria de la región. Quien faltó notoriamente fue el gobernador del departamento de Santa Cruz, el golpista Luis Fernando Camacho, agitador profesional de los intereses antisociales de Bolivia.

La legislación sobre el proceso censal de acuerdo a los parámetros determinados por el Gobierno nacional luego de un profesional trabajo técnico e innumerables asambleas participativas, fue aprobada por dos tercios de los diputados.