por Ricardo Jiménez

Ocho días después de las elecciones generales, el organismo electoral de Perú registra agónicamente, a cuentagotas, los resultados que han de determinar quién de los dos candidatos en empate técnico será el contrincante de la ultraderechista Keiko Fujimori (ganadora relativa con cerca del 17% del total de votos) en segunda vuelta.

Rafael López Aliaga, exalcalde de Lima, de otra corriente de la misma derecha neoliberal, o Roberto Sánchez, congresista de la izquierda y aliado del expresidente Pedro Castillo (ilegalmente en prisión).

La página oficial del organismo electoral, con el 94% del total de votos, pone una diferencia de 14,092 votos y 0.090% de diferencia a favor del candidato de la izquierda. El 6% de votos aún faltantes son en su totalidad “observados”, es decir, cuestionados formalmente por las más diversas razones, errores, falta de claridad, etc. Son revisados en detalle por representantes de ambos candidatos y funcionarios del organismo electoral. Cuando la disputa por clasificar el voto no puede ser resuelta en esa revisión, pasa a una instancia superior de justicia electoral que debe decidirlo.

Aunque estos votos se repartan proporcionalmente por todo el país, costa, sierra y selva, es un hecho público que el candidato de la izquierda sumará desproporcionadamente votos de las zonas andinas y, por eso, las proyecciones más serias (IPSOS, Transparencia Internacional) lo dan públicamente por segundo ganador y contendiente de la segunda vuelta.

Es la pesadilla del neoliberalismo peruano, la porfiada rebeldía electoral que siempre termina eligiendo un candidato que no es el de los dueños del Perú. El viejo sueño neoliberal peruano, de convertir las elecciones en un mero trámite, sin sobresaltos “antisistema”, se ve nuevamente amenazado por la incertidumbre.

López Aliaga y la derecha golpista, que en la elección pasada demoró por tres meses el reconocimiento de la victoria de Pedro Castillo y le hizo la vida imposible por vías legales e ilegales, hasta derrocarlo, ahora, activa un golpismo preventivo, aún antes de siquiera confirmarse los resultados oficiales.

Desde el rancio y plutocrático diario El Comercio y el infame canal de TV Willax, azuzan una campaña para declarar fraudulentas y nulas las elecciones, aprovechando las escandalosas fallas logísticas que demoraron el ejercicio del voto, obligando a extender votaciones un día más y generando la detención y la investigación de los encargados del organismo electoral. A pesar de que todas las autoridades y observadores nacionales e internacionales han declarado que dichas demoras, aunque injustificables, no han sido fuente de alteración de los votos.

En su desesperación, y desprecio por la legalidad, López Aliaga llegó a ofrecer una cuantiosa recompensa en dinero a quien presente pruebas de fraude, a través de sus redes sociales y llamó a la “insurgencia civil”. Lo cual constituye un ilícito flagrante, motivó una denuncia legal en su contra y lo hizo retirar el ofrecimiento pecuniario. Cabe señalar que ya enfrenta otras denuncias por graves casos de corrupción. Ayer domingo, estos sectores convocaron a una marcha en el centro de Lima, que movilizó a centenares de personas, según unos y a miles, según otros. La estrategia de este golpismo preventivo es clara: anular las elecciones o imponer el paso de López Aliaga a segunda vuelta a como dé lugar. Por ahora, parecen muy lejos de conseguirlo.

Mientras, la agónica cuenta de votos continúa.