Su abogado cuestiona que la institución penitenciaria no haya informado con claridad qué antecedentes utilizó para determinar su nivel de peligrosidad y advierte que algunos registros podrían estar basados en imputaciones que no terminaron en condenas.

A casi un año de que el Juzgado de Garantía de Temuco ordenara a Gendarmería revisar los antecedentes utilizados para clasificar penitenciariamente a Héctor  Llaitul Carrillanca, la institución aún no habría entregado una respuesta suficiente respecto de los fundamentos de dicha evaluación.

La resolución judicial, dictada en agosto de 2025, ordenó revisar la Ficha de Clasificación y/o Control de Conducta del interno – actualmente recluido en el penal Biobío-,  verificar los antecedentes incorporados y corregir aquellos que no cuenten con respaldo objetivo y verificable.

El abogado del prisionero político, John Maulén, sostiene que las respuestas entregadas por Gendarmería no han aclarado la principal interrogante planteada: qué antecedentes concretos fueron utilizados para determinar el nivel de peligrosidad asignado a Héctor Llaitul.

Uno de los puntos cuestionados corresponde a la permanencia en los registros penitenciarios de referencias asociadas a una supuesta pertenencia a “bandas organizadas”, pese a que Llaitul no registra una condena por el delito de asociación ilícita.

Según lo planteado por su defensa, la referencia estaría vinculada a antecedentes surgidos en el denominado Caso Huracán, investigación en la que Llaitul fue acusado de integrar una asociación ilícita de carácter terrorista junto a otros dirigentes mapuche.

El Caso Huracán quedó posteriormente marcado por graves cuestionamientos a los antecedentes utilizados durante la investigación. Se estableció que fue un montaje. El proceso derivado de esas irregularidades terminó con condenas contra funcionarios policiales involucrados en la manipulación y falsificación de antecedentes, mientras las acusaciones por asociación ilícita formuladas contra los dirigentes mapuche no concluyeron con condenas por ese delito.

Para Maulén, el punto central es que una imputación que no terminó en una condena estaría siendo considerada como un antecedente relevante dentro de una evaluación penitenciaria que tiene efectos concretos en las condiciones de cumplimiento de la pena, lo cual vulnera los derechos humanos y culturales del histórico werken.

La discusión sobre los antecedentes utilizados

La controversia se centra en qué tipo de información puede ser incorporada en una clasificación penitenciaria y cuál debe ser el estándar de respaldo exigible para que esos antecedentes produzcan efectos administrativos.

La defensa plantea que las evaluaciones deben basarse en elementos objetivos, verificables y actualizados, especialmente cuando pueden influir en las condiciones de reclusión de una persona.

A juicio del abogado, mantener referencias asociadas a investigaciones que no terminaron en condenas puede generar una afectación permanente, instalando una valoración negativa que excedería los antecedentes establecidos judicialmente.

La controversia también se relaciona con la solicitud de traslado presentada para que Héctor Llaitul pueda cumplir su condena en un módulo destinado a comuneros mapuche en Temuco.

La petición considera razones culturales, familiares y humanitarias, mientras que la falta de claridad sobre los fundamentos de la clasificación penitenciaria —según la defensa— podría seguir influyendo en decisiones administrativas relacionadas con su régimen de cumplimiento.

El caso abre además un debate más amplio sobre los criterios utilizados por el sistema penitenciario para evaluar a personas condenadas y sobre el alcance que pueden tener antecedentes provenientes de investigaciones que no terminaron en una sentencia condenatoria. Lo anterior hace suponer persecución política y hostigamiento al interior del penal.

La defensa cuestiona la utilización de esos antecedentes, en tanto, Gendarmería sostiene que las evaluaciones penitenciarias forman parte de los procedimientos establecidos para la administración carcelaria y la gestión de la población penal, lo cual no convence ni a la propios tribunales.