por Centro de Estudios Territorio y Comunidad (CETC)

Detrás está el partido español Vox y su fundación, que ha recibido del partido cerca de 13 millones de euros provenientes en su mayoría de subvenciones estatales, y una estructura de intervención electoral desplegada en once países de la región.

La ultraderecha española que organiza el encuentro

Quien dará las palabras de bienvenida antes del discurso de Kast se llama Santiago Abascal. Preside Vox, el partido que desde 2013 ocupa el espacio a la derecha del Partido Popular en España y que hoy es la tercera fuerza del Congreso español. Lo dirige desde 2014 y en 2020 asumió personalmente las relaciones internacionales de la colectividad, decisión que explica buena parte de lo que ocurrirá esta semana en Santiago.

Ese mismo año Vox creó la Fundación Disenso, su centro de estudios partidario. En Chile los referentes más cercanos serían Res Pública o la Fundación para el Progreso, aunque con una diferencia relevante: Disenso se sostiene con transferencias directas del partido y Abascal la preside de manera vitalicia.

El 26 de octubre de 2020 la fundación lanzó la Carta de Madrid, un manifiesto que hacia 2021 acumulaba más de ocho mil firmas de una veintena de países y que en 2023 había sido suscrito por más de cuatrocientos parlamentarios de ambos lados del Atlántico. Kast fue uno de los primeros firmantes. De ese documento nació Foro Madrid, que funciona como programa de la fundación y no como organización con vida propia. Al presentarlo en el Senado mexicano en 2021, Abascal anunció que tendría “una estructura permanente y un plan de acción anual”, y así ha operado desde entonces.

La conducción ha estado en manos de Jorge Martín Frías, filósofo de formación y especialista en comunicación política, que trabajó en FAES, el centro de estudios fundado por el expresidente José María Aznar, y como asesor en la Alcaldía de Madrid. Hoy es eurodiputado. La estrategia internacional la ha diseñado junto a Hermann Tertsch y Jorge Buxadé, también eurodiputados de Vox. El puente con la derecha estadounidense corre por cuenta de Rafael Bardají, veterano asesor en asuntos de seguridad cuya amistad con Steve Bannon, estratega de la campaña de Donald Trump en 2016, abrió las puertas de la Heritage Foundation.

Hay un motivo interno que rara vez se menciona en las crónicas sobre estos encuentros. En España, la política exterior es el terreno donde Vox se distingue del Partido Popular, cuyo perfil internacional ha sido más cauto. Iberoamérica funciona entonces en dos planos: como destino de la estrategia y como activo en la pelea por la conducción de la derecha española.

El financiamiento: subvenciones estatales y un banco húngaro

La red se presenta como bastión de la soberanía nacional. Su financiamiento proviene, en su origen, de recursos del Estado español.

En España los partidos reciben aportes públicos proporcionales a su representación parlamentaria. En 2025 Vox percibió por esa vía 12,2 millones de euros, más 4,1 millones de financiamiento privado, de los cuales 3,8 millones corresponden a cuotas de militantes. Ese mismo año transfirió dos millones a la Fundación Disenso. En 2024 había transferido otros dos millones, y en 2023, dos millones y medio. Durante 2026 giró un millón adicional. El acumulado desde 2020 se acerca a los 13 millones de euros. Todo esto consta en las cuentas anuales que el partido somete a votación de sus afiliados.

En términos prácticos, los encuentros regionales, las misiones de observación electoral y el aparato editorial de la red se sostienen con dinero que el Tesoro español entrega a Vox en proporción a sus escaños.

El segundo componente del financiamiento es húngaro y está judicializado. Vox pidió al banco MBH, entidad controlada al menos en un tercio por el Estado húngaro bajo el gobierno de Viktor Orbán, un crédito de 6,5 millones de euros para las elecciones generales de 2023 y otro de 7 millones para las europeas de 2024. Ambos quedaron saldados en 2025. La ley española de financiación de partidos prohíbe recibir fondos de gobiernos o empresas públicas extranjeras, o de empresas relacionadas con ellas. El PSOE, hoy en el gobierno, denunció la operación. Vox responde que la Fiscalía Anticorrupción archivó la denuncia y que acudió a Budapest porque la banca española le negó crédito bajo presión del Ejecutivo. Las propias cuentas muestran la escala del contraste: en 2025 el partido tomó tres préstamos con BBVA, Abanca y Santander por un total de 130 mil euros.

En España la disputa legal sigue abierta. La arquitectura del esquema está a la vista: un partido nacional canaliza recursos públicos y créditos internacionales hacia una fundación satélite, y esa fundación interviene políticamente en terceros países.

El organizador, bajo fiscalización en España

Hay una segunda vía de recursos públicos hacia la fundación, distinta de la transferencia partidaria. Entre 2021 y 2022, Disenso obtuvo cerca de 220 mil euros en cuatro subvenciones estatales directas: dos de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional, con cargo al presupuesto de cooperación al desarrollo, y dos de la Subsecretaría de Cultura, destinadas al estudio del pensamiento político y social de las fundaciones de partidos. Es decir, dinero que España asigna a la cooperación con Iberoamérica termina financiando a una entidad que interviene políticamente en los países receptores.

En diciembre de 2025 las Cortes españolas encargaron al Tribunal de Cuentas un informe de fiscalización especial, todavía en curso, sobre las cuentas de Disenso entre 2020 y 2025, con el mandato de analizar “la naturaleza, origen y destino de los fondos recibidos” y la justificación de cada gasto. La solicitud se apoyó en las denuncias de tres excargos de Vox en Baleares, Idoia Ribas, Agustín Buades y Maite de Medrano, que afirmaron haber sido presionados para desviar “ingentes cantidades de dinero” del grupo parlamentario hacia la fundación. Macarena Olona, exsecretaria general del partido en el Congreso, había formulado antes una denuncia equivalente. Vox rechaza las acusaciones y sostiene que las aportaciones de los grupos institucionales a sus fundaciones son práctica habitual en todas las colectividades españolas.

De esa misma caja que costea los encuentros regionales sale La Gaceta de la Iberosfera, el medio digital que edita la fundación con un gasto cercano al millón de euros anuales. Su historial registra episodios documentados de desinformación, entre ellos la atribución falsa de un asesinato en Madrid a un ciudadano magrebí y una campaña sobre demolición de embalses durante la catástrofe de Valencia en 2024.

Las elecciones, por escrito

Los documentos oficiales de la red describen su propósito electoral sin ambigüedad.

La sede de cada encuentro se ha elegido según el calendario político. El primero fue en Bogotá, en febrero de 2022, semanas antes de las elecciones colombianas, con una agenda dedicada a advertir contra la candidatura de Gustavo Petro. El segundo en Lima, en marzo de 2023, tras la destitución de Pedro Castillo. Siguieron Buenos Aires en 2024 y Asunción en junio de 2025.

El texto aprobado en Asunción es el más explícito. Los firmantes se comprometieron a avanzar en “una mayor cooperación política para lograr victorias electorales” y enumeraron las siete elecciones que venían, entre ellas Honduras, Colombia, Perú, Brasil y Chile, como la oportunidad de alcanzar “un continente libre de socialismo”. Kast expuso en ese encuentro siendo candidato.

El instrumento en terreno es la observación electoral. Desde 2021, Foro Madrid ha movilizado a más de 170 participantes de 15 países en ese tipo de misiones, con presencia en Argentina, Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. En junio de 2026 desplegó la más grande hasta ahora: 22 observadores de siete países para el balotaje colombiano entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella. El comunicado de la delegación expresó su confianza en que el pueblo colombiano y sus instituciones, “especialmente las Fuerzas Armadas”, preservaran la voluntad soberana de los ciudadanos.

Las misiones de la OEA, la Unión Europea o el Centro Carter operan bajo mandatos expresos de imparcialidad y no injerencia, con metodologías públicas e informes finales sometidos a escrutinio. Foro Madrid observa elecciones en las que tiene candidato, y lo declara públicamente.

Honduras es el caso más claro. En marzo de 2025, meses antes de los comicios, la red emitió un comunicado alertando sobre los “evidentes intentos” de la presidenta Xiomara Castro y del expresidente Manuel Zelaya de subvertir el proceso electoral. En diciembre, con el escrutinio en disputa y el sistema de transmisión de resultados preliminares caído, tomó posición activa en el conflicto: sostuvo que la elección se había desarrollado con normalidad, que las actas eran verificables y que Zelaya debía aceptar la derrota. El Tribunal de Justicia Electoral hondureño terminó denunciando episodios de injerencia extranjera y presiones sobre jueces durante ese período.

En Bolivia la intervención alcanzó a causas judiciales en curso. Foro Madrid emitió pronunciamientos sobre los procesos seguidos contra la expresidenta Jeanine Áñez, el exgobernador de Santa Cruz Luis Fernando Camacho y el dirigente cívico Marco Antonio Pumari. Sostuvo que Áñez había sido víctima de una maniobra política para encarcelarla y describió el sistema que los juzgaba como corrupto, criminal y dictatorial. Cuando en agosto de 2025 la justicia boliviana abrió el trámite para su liberación, la organización celebró el anuncio y pidió que los responsables de esas detenciones respondieran ante organismos internacionales. Una fundación vinculada a un partido español fijando posición sobre procesos penales abiertos en un tercer Estado configura una intervención de otro orden que la de un foro de debate.

Chile como ejemplo regional

El V Encuentro Regional reunirá en el centro de eventos Casa Piedra a más de cuarenta expositores de más de veinticinco países, organizados en cuatro ejes: democracia y libertad, economía y prosperidad, seguridad y Estado de derecho, y defensa de Occidente.

Los organizadores explicitan el sentido de haber elegido Chile. En su sitio web sostienen que la elección de Kast “inaugura una nueva etapa para Chile que constituye una referencia” para otras fuerzas de la región, y subrayan que el encuentro coincide con el aniversario del plebiscito del 4 de septiembre de 2022, al que califican como “una de las mayores victorias democráticas de las últimas décadas en Iberoamérica”. El país aparece así como el ejemplo que la red quiere exhibir ante el resto del continente.

El programa contempla la bienvenida de Abascal, el discurso de apertura de Kast y una intervención de Javier Milei. Asiste también Kevin Roberts, presidente de la Heritage Foundation, el centro de estudios que elaboró el programa de gobierno con el que Trump volvió a la Casa Blanca, y hay un panel dedicado al nuevo papel de Estados Unidos en la región. Completan la delegación extranjera el presidente del Congreso Nacional de Honduras, Tomás Zambrano; el diputado de Vox José María Figaredo; y la asambleísta ecuatoriana Diana Jácome, del movimiento ADN.

Del lado chileno, un panel moderado por José Ignacio Palma, de Ideas Republicanas, reunirá a Julio Isamit, exministro de Bienes Nacionales y hoy director ejecutivo de Res Pública; a los diputados Francisco Orrego (RN) y Ricardo Neumann (UDI); y a los republicanos Benjamín Moreno y Cristián Araya. También expone Fernando Claro, director ejecutivo de la Fundación para el Progreso.

Será la primera intervención de Kast en un encuentro de la red desde La Moneda, aunque el vínculo viene de antes. Participó como expositor en Buenos Aires en 2024 y en Asunción en 2025, y en marzo de este año una delegación de Vox, Disenso y Foro Madrid viajó a Santiago para el cambio de mando.

La grieta en el oficialismo

La cita abrió una fisura en la coalición de gobierno. Evópoli anunció que no participará y su vicepresidente, Jorge Guzmán, pidió derechamente que el Presidente se restara. En RN, Ximena Ossandón consideró que la asistencia no resulta extraña dada la trayectoria de Kast, pero llamó a cuidar “el tono, la forma y los contenidos”. En la UDI surgieron reparos. Los republicanos defendieron la participación: su secretario general, Vicente Bruna, la describió como un espacio válido para la batalla cultural. Desde el Ejecutivo, el subsecretario del Interior Máximo Pavez sostuvo que hay coherencia entre la trayectoria internacional del mandatario y su presencia en este tipo de instancias.

La discusión sobre el tono deja intacta la pregunta de fondo. Un presidente en ejercicio abre, en territorio nacional, la cumbre anual de una red financiada por un partido extranjero con fondos públicos de su propio país, cuya declaración programática de hace un año comprometió cooperación explícita para incidir en siete elecciones, entre ellas la que Kast ganó. Nadie discute el derecho del foro a sesionar en Chile. Queda en pie una pregunta sobre la soberanía que la red invoca mientras se financia en Madrid y se endeudó en Budapest.

Fuente: Centro Territorio y Comunidad