Ley Antiprotesta pacífica 2026
El proyecto de ley contenido en el Boletín N° 18.584-07, que busca ampliar la sanción penal por interrupción u obstaculización de la libre circulación y de los servicios de transporte, no solo merece una reflexión constitucional y de derechos humanos: exige una advertencia democrática seria. Su formulación abre la puerta a criminalizar la protesta social y a castigar expresiones pacíficas de reunión y manifestación pública, precisamente aquello que la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos obligan a proteger.








