A 50 años del golpe militar, actos de esta naturaleza constituyen una flagrante violación de la garantía de no repetición, un principio del derecho internacional de los Derechos Humanos orientado a que crímenes cometidos por personas, como el ex prefecto de la PDI Carlos Yáñez Campos, nunca más vuelvan a ocurrir.
16, 13 y 5 años de prisión es la sentencia que la justicia de la opresión ha dictado para Omar, Carlos y Gabriela.
por Daniel Labbé Yáñez Ya fue cabr@s. Bajen las revoluciones. Respeten que más de 5 millones de personas quieren y tienen derecho a ser parte de la escritura de su Constitución y no un objeto de un fraude innegable levantado por una casta política que nos faltó el respeto. Quién está dispuesto hoy a comprometerse…
De acuerdo al Servicio Electoral de Chile (Servel), los votos válidamente emitidos fueron alrededor de 10 millones, mientras que más de 2 millones de votos fueron anulados (17%), hubo más de 500 mil boletas en blanco, más quienes se excusaron de asistir a las urnas.
Luis Alfonso Mena S. «El presidente Petro, y cualquier colombiano, puede exigirle al fiscal que rinda cuentas»: Élmer Montaña “Si el fiscal general de la Nación se declara remiso para responderle al señor Presidente y a los colombianos, el presidente Gustavo Petro quedaría habilitado para solicitarle a las Naciones Unidas la conformación de una comisión…
El werkén informó sobre el caso al que denuncia como un montaje. Actualmente, Liguén se encuentra alojado en la cárcel de Angol.
«Me atrevo a pedir a las partes en cuestión, a la comunidad hereditaria de Pedro Lemebel, que intenten llegar a una conciliación, tanto por el bien de ellos, como por el bien de las artes, la cultura y el pueblo, como él siempre lo hubiera deseado»
Quien fija el precio del mineral no es el productor sino el comprador, pues quien funde y refina, quien transporta y obtiene el producto final que se incorporará a quien manufactura (que estará en la cadena de valor del comprador de metales) realiza la cuenta final de la transacción.
Rechazamos todo intento de criminalización de la lucha social y de montar falsos positivos contra las organizaciones populares y revolucionarias.
Pero la violencia estructural contra los periodistas, un panorama mediático marcado por una fuerte concentración en el sector privado y los efectos de la desinformación siguen planteando desafíos a la libertad de prensa en el país
