Tales estrategias invisibilizan las causas estructurales de la violencia escolar, como la desigualdad, la precarización de las condiciones educativas y la falta de recursos para equipos psicosociales y programas integrales de convivencia.
Contrariamente a la observación de Clausewitz, en el Estado judío, la política es la continuación de la guerra por todos los medios posibles. Por trágico que parezca, mientras este Estado exista, la paz mundial corre un grave peligro.
Pero quizás el hecho más decidor ha sido el reconocimiento apologético de la “conversión” que experimentaron los líderes de la centro-izquierda, efectuados esporádicamente por parte de numerosos políticos, empresarios, académicos y economistas de derecha, tanto nacionales como extranjeros.
Por ello es impensable que con más violencia y más represión hacia las diferentes comunidades, organizaciones y expresiones de resistencia Mapuche, puedan conseguir la sumisión de nuestro pueblo.
Lo nuevo no es que la realidad israelí haya cambiado repentinamente en abril de 2026. Lo nuevo es que esta realidad se vuelve más difícil de eufemizar en un periódico como Le Monde.
El mensaje fue inequívoco: la protección de la imagen de Israel primaba sobre la justicia para los niños víctimas de abusos.
El jurista alerta que dados los profusos pronunciamientos por parte de los gobiernos chileno y argentino “que criminalizan (condenan) al Sr. Apablaza Guerra de manera anticipada a cualquier condena judicial, se puede inferir que su extradición responde a cuestiones políticas y que, eventualmente, cualquier proceso judicial en su contra carece de garantías de debido proceso”.
El tercer escenario es apocalíptico (con diez semanas de guerra y daños duraderos). En él, el precio del petróleo sube a 160 $/barril y nunca vuelve a caer por debajo de los 100 $ en un futuro previsible debido a los daños en las instalaciones de producción.
Galvarino Apablaza ejerció su derecho a la legítima defensa, autorización otorgada por la Ley de defenderse, o de proteger al prójimo o un bien cuando se es atacado.
Ahora la justicia debe investigar al ministro de la Corte Suprema Mario Carroza, al ministro de la Corte de Apelaciones Guillermo de la Barra y al propio Hermosilla por los delitos de prevaricación, cohecho y violación de secreto, tras la querella presentada por Mauricio Hernández Norambuena que sostiene la intervención y mantención indebida en su condena.
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