por Equipo Comunicaciones Mapuche
“No podemos permitir que vuelvan a despojarnos de lo poco que nos queda”
Durante su primera Cuenta Pública, el presidente José Antonio Kast anunció que impulsará una reforma a la Ley Indígena 19.253 que permitirá arriendos e hipotecas sobre tierras ancestrales.
La medida, presentada como parte de una política que busca entregar “libertad”, aborda uno de los temas de máxima sensibilidad en la tensa relación histórica del Estado con los pueblos indígenas: la tierra.
El mandatario busca eliminar las restricciones actuales sobre el uso de esos territorios, argumentando que hay muchas tierras entregadas que no están siendo utilizadas.
La reforma enciende alertas
La Ley Indígena 19.253, promulgada en 1993, creó la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) y estableció mecanismos destinados a proteger las tierras indígenas. Por mandato constitucional y convencional, cualquier reforma requeriría la implementación del derecho de consulta legal y obligatoria a las comunidades ancestrales.
Al respecto, Kast, en su Cuenta Pública, adelantó que su administración buscará modificar el proceso de consulta establecido en el Convenio 169 de la OIT, señalando que buscará que sea “legítimo y libre de interferencias”. Sin embargo, la propuesta enciende las alertas por el eventual debilitamiento de la protección colectiva de las tierras indígenas y su ingreso a lógicas de mercado.
Natividad Llanquileo Pilquiman: “Vender o hipotecar la tierra nos emprobrece y termina con nuestras costumbres”
En un comentario publicado en sus redes sociales, la abogada mapuche, defensora de derechos humanos y exconvencional constituyente, Natividad Llanquileo Pilquiman, expresó su contundente rechazo a la medida. Señaló que defender el territorio es defender la vida y que los territorios son la base fundamental para la supervivencia de los pueblos. “Atentar con ello es atentar contra la vida. No podemos permitir que vuelvan a despojarnos de lo poco que nos queda. Vender o hipotecar la tierra, no solo nos emprobrece, sino que termina con la existencia de nuestras costumbres y tradiciones”, afirmó.
La abogada mapuche agregó una crítica directa al discurso presidencial. “Ellos vinieron con sus metáforas. A nosotros nos quedan unos pocos territorios. Ojalá que cuando abramos los ojos, nosotros no nos quedemos con las metáforas y ellos con lo poco que nos queda”, escribió en su cuenta de Instagram, donde compartió su postura frente al anuncio de Kast.
Cindy Quevedo del Pueblo Colla: “Las tierras indígenas no son una mercancía”
Cindy Quevedo, presidenta o curaca de la comunidad Colla Finca el Chañar y del Consejo Nacional del Pueblo Colla, también se pronunció en redes sociales. En su publicación, la dirigenta colla manifestó que como pueblo observan con preocupación los anuncios que apuntan a modificar la protección de las tierras indígenas en Chile. “Nuestros territorios no son simplemente bienes económicos; son la base de nuestra cultura, nuestra espiritualidad, nuestra memoria y nuestra forma de vida”, sostuvo.
Quevedo enfatizó el carácter de guardianes temporales que tienen las comunidades sobre sus territorios. “La tierra que heredamos de nuestros abuelos y abuelas no nos pertenece únicamente a nosotros. Somos sus guardianes temporales para las generaciones que vendrán”, explicó. Advirtió que cualquier medida que facilite la pérdida, fragmentación, hipoteca, degradación o explotación de las tierras indígenas pone en riesgo no solo el patrimonio, sino también la existencia de los pueblos. “Las tierras indígenas no se venden, no se hipotecan y no se negocian. Son parte de nuestra historia, nuestra identidad y nuestro futuro”, concluyó.
Red de Mujeres Mapuche: “Kast amenaza Wallmapu”
La Red de Mujeres Mapuche publicó un extenso análisis en sus redes sociales bajo el título “Kast amenaza Wallmapu”, donde cuestionan los fundamentos de la reforma presidencial. La organización recordó que las restricciones sobre las tierras indígenas no constituyen un privilegio, sino que fueron incorporadas porque el Estado chileno reconoció una realidad histórica: durante más de un siglo, los pueblos indígenas fueron despojados de sus territorios mediante mecanismos legales, económicos y administrativos.
La Red explicó que la Ley Indígena 19.253 de 1993 fue dictada luego de una lucha y resistencia mapuche post-dictadura, con el propósito de detener la expansión winka en territorio ancestral, estableciendo un régimen especial de protección para limitar la venta, gravamen, embargo y transferencia de tierras. Posteriormente, esta protección fue reforzada por el derecho internacional, ya que el Convenio 169 de la OIT reconoce que para los pueblos indígenas la tierra no constituye únicamente un bien económico, sino un elemento esencial de su identidad cultural, espiritual, social y colectiva.
La organización indígena planteó una pregunta directa al gobierno: “¿Debe el Estado eliminar las protecciones que fueron creadas precisamente para evitar nuevos procesos de despojo territorial?”. Además, cuestionaron presentar esta reforma como una medida de igualdad, señalando que la igualdad no consiste en ignorar las diferencias históricas, sino en reconocerlas para evitar que vuelvan a producirse injusticias. Advirtieron que esta propuesta plantea serias dudas de constitucionalidad y contraviene las obligaciones internacionales asumidas por Chile en materia de derechos de los pueblos indígenas.
Diputada Ericka Ñanco: “El debate debe construirse junto a las comunidades y no sobre ellas”
La diputada Ericka Ñanco también se refirió al anuncio presidencial con preocupación. En sus declaraciones, afirmó que lo anunciado en materia indígena genera una preocupación profunda, porque presenta como libertad medidas que pueden terminar debilitando protecciones que costó décadas construir. La parlamentaria señaló que las tierras indígenas poseen un valor que trasciende lo económico y forman parte de la identidad de los pueblos originarios.
“Las tierras indígenas no son simplemente un activo económico; tienen un valor cultural, histórico y colectivo”, sostuvo la diputada. También cuestionó la forma en que se llevaría adelante el proceso de consulta a las comunidades indígenas, señalando que las decisiones no deberían adoptarse de manera previa al diálogo. “Si el Gobierno quiere impulsar cambios a la Ley Indígena o al sistema de tierras, ese debate debe construirse junto a las comunidades y no sobre ellas”, indicó.
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