La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, Celac, señaló este miércoles 6 de abril que sigue con atención y preocupación los hechos de violencia que sacuden al país, y solidarizó con el mandatario Pedro Castillo frente a la intransigencia del gremio de los transportistas y el paro que protagonizan y que se ha ampliado a otros sectores de la sociedad.

Durante los últimos días las protestas han recrudecido, debido a las consecuencias multiplicadas de la crisis económica mundial en Perú, entre cuyos efectos más nefastos se cuenta el aumento del precio del petróleo y sus derivados, lo cual impacta en el alza general del costo de la vida tal como ocurre en otros países del continente y el planeta, en particular en aquellas naciones que deben importar los hidrocarburos y carecen de producción propia.

El martes 5 de abril, Castillo dio por finalizado un toque de queda establecido en Lima y Callao debido a los cortes de ruta de los transportistas. Sin embargo, la medida no hizo más que masificar las protestas de la población que dejaron a una persona muerte y 11 heridas por la policía.

Antes de que la crisis escalara, Pedro Castillo informó el pasado domingo 3 de abril sobre la excención de pagar un tributo específico a los combustibles para paliar las alzas de los productos básicos que consume la población y además, responder a los requerimientos del gremio transportista de carga, en el contexto de una profunda crisis social que debe enfrentar el gobierno peruano.

Asimismo, Castillo ordenó el incremento del salario mínimo desde 930 a 1.025 soles (270 dólares) frente al brutal aumento de los precios para los consumidores.

En la ocasión, Castillo explicó que el alza violenta de los combustibles y de la inflación se deben a causas exógenas a la economía del país, y añadió que, debido a las relaciones de fuerza entre el campo popular y los grandes grupos económicos, se ve atado de manos para implementar una política de regulación estatal de precios de aquellos bienes que son esenciales para las mayorías sociales.

Tanto las protestas, como la mayoría opositora en el Congreso, la cual no ha dejado gobernar a Castillo, cuestionando en innumerables ocasiones sus gabinetes ministeriales e iniciativas de ley del Ejecutivo, van creando las condiciones para poner una vez más en riesgo la democracia y el gobierno elegido legal y legítimamente.