Estimados convencionales:

La semana pasada la Comisión de Derechos Fundamentales dio un paso importante en la
perspectiva de consagrar la Seguridad Social como un derecho inalienable a la persona
humana, fundada en los principios de universalidad, solidaridad, integralidad, unidad,
suficiencia, participación, sostenibilidad y oportunidad.

De igual manera es destacable que se haya establecido que la Seguridad Social garantizará
prestaciones definidas, oportunas y suficientes que den certezas. Ello, es absolutamente
necesario ante la inestabilidad económica que azota a las y los trabajadores en el mundo.
Sin embargo, es necesario insistir en que la Constitución establezca que la “gestión y
administración del sistema deba ser pública y autónoma de los gobiernos de turno, con un
directorio integrado por representantes del Estado, los empleadores y los trabajadores”.
Adquiere especial relevancia incorporar una indicación de esta naturaleza, toda vez que la
propaganda mal intencionada insiste en señalar que los ahorros serán expropiados para
otros fines que no se señalan. Al incorporar una “institución tripartita” en la administración y
gestión, se garantiza que éstos ahorros cumplan un solo fin, cual es, atender las
contingencias de los estados de necesidad que el sistema de Seguridad Social defina como
tales.

En estas semanas crece la campaña de los sectores reaccionarios por el rechazo. Suman
adhesiones de quienes han sido parte del problema y cuentan con los medios de
comunicación que permanentemente distorsionan los textos redactados por la Convención.
De allí que sea necesario insistir en que la garantía del éxito de esta Convención y del
Apruebo, no está en congraciarse con la derecha que siempre se negará a los cambios, sino,
precisamente en lo contrario, apoyarse en los sectores que hicieron posible este Proceso
Constituyente.

Restituir la Seguridad Social es imprescindible. No se trata de cambiar por cambiar, se trata
de cambiar algo porque no cumple con el propósito que declara cumplir y porque el grado
de deslegitimación que ha alcanzado haría imposible convocar a aprobar una nueva
Constitución si persistiera en ella una de las instituciones más rechazadas por la ciudadanía.
Cuarenta y un años son más que suficientes para soportar tanto abuso. Quienes se han
beneficiado del actual sistema privado de capitalización, es sabido que no querrán cambiarlo,
estarán dispuestos a modificarlo, aunque no en lo sustantivo; de allí nuestro llamado a
mantenerse firmes ante esta gran demanda. No se entendería una conducta diferente.

Fraternalmente,

Coordinadora Nacional de Trabajadoras y Trabajadores NO+AFP