El Ejecutivo llamó a los pequeños y medianos productores agropecuarios de entidades sociales, indígenas y campesinas de la provincia santacruceña para, en conjunto, programar el cultivo de maíz durante el próximo ciclo veraniego de 2022-23, con el fin de responder satisfactoriamente con las metas de soberanía y seguridad alimentaria que requiere el país.

El jefe de la cartera de Desarrollo Rural y Tierras, Remmy Gonzales, enfatizó la imposibilidad de dejar en manos del empresariado privado la tarea estratégica de la alimentación, cuando las firmas particulares se empecinan en buscar excusas para incumplir sus compromisos tras la presunta necesidad de importar transgénicos o responsabilizar a la sequía. Gonzales recordó que por ello debió fundarse la estatal Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos, Emapa.

Gonzales agregó que la cita con los pequeños y medianos productores campesinos de Santa Cruz servirá de insumo para la nueva Empresa Boliviana de Producción Agrícola y el análisis de las magnitudes de tierra que es preciso sembrar de maizales.

Asimismo, el ministro del sector indicó que también sostendrá encuentros con aquella facción del empresariado agrícola que, efectivamente, está presto a la demanda alimenticia de la población del país. De este modo, indicó, se puede frenar la especulación anti-popular, los contrabandistas y el aumento artificial de los precios de los productos.

Por su lado, el encargado de la cartera de Economía y Finanzas, Marcelo Montenegro, aseguró que si la empresa privada no es capaz de satisfacer la demanda de maíz para el mercado interno, pues, como en otras ocasiones, lo tendrá que hacer el Gobierno a través de la Emapa.

Hace tiempo que el Gobieno nacional evaluó que las tierras de mayor y mejor productividad se concentran en el oriente boliviano, por tanto, la supervisión estatal se realizará en esa región. Tal fiscalización definirá si es necesaria la intervención directa del Estado en la producción de maíz, advirtió el viceministro de Desarrollo Rural y Tierras, Álvaro Mollinedo, de acuerdo al artículo 393 de la Constitución.