Por Teófilo Briceño. Centro de Estudios Francisco Bilbao.
La campaña mediática de las fuerzas conservadoras, que defiende el continuismo jurídico pinochetista, o que en su versión más hipócrita promete iniciar “un nuevo proceso constituyente”, tiene como uno de sus argumentos principales que la propuesta de la nueva Constitución, que se votará este domingo, consagra la desigualdad ante la ley, pues le asigna atribuciones a los pueblos originarios que se le niegan al chileno que no pertenece a pueblos ancestrales.
Este argumento, que apela a una supuesta “chilenidad igualitaria”, obedece a la concepción oligárquica de no reconocer los derechos, tanto jurídicos como éticos, a los pueblos originarios que, bien vale recordar, fueron pisoteados por el imperio español primero y luego por el Estado chileno hasta la actualidad.
Hay bastante literatura que acredita las injusticias cometidas, el sometimiento por la fuerza, el robo, el saqueo, la represión constante, y con un costo sangriento de miles de vidas a través de centurias.
Y justo ahora, de manera oportunista y cuando los pueblos originarios pueden tener alguna voz en la institucionalidad chilena, surge este discurso hipócrita de la “igualdad ante la ley”, y el fariseo llamado a no hacer “diferencias”.
Un discurso falaz que, sin embargo, cala hondo en mucha gente humilde, que hace suyo este argumento de los de arriba, sin ningún análisis histórico y totalmente mal intencionado. Es como si tú eres dueño de tu casa, pero te la roban, la negocian, la venden entre ellos u a otros, y luego, cuando reclamas por lo tuyo, te dicen que ya no lo es, y que tienes que acatar lo que dicen y deciden los saqueadores, con leyes que avalan y protegen ese despojo.
Paradójica argumentación de los conservadores, de los defensores de la injusticia, pues en su arrogancia niegan rotundamente reconocer los derechos de las victimas históricas, de los pueblos originarios despojados de sus territorios, y que hoy son explotados por grupos económicos que, además, en sus procesos productivos, desertifican el hábitat de las comunidades, empobreciendo no sólo a los pueblos originarios, también a esos chilenos sencillos que dicen, hipócritamente, defender.
El Estado y la sociedad chilena tienen que reconocer la brutal injusticia histórica cometida, y luego de ese sinceramiento, y como un primer paso de reparación, aceptar como un acto de justicia que los verdaderos dueños de esos territorios, los pueblos originarios, comiencen a tener voz y decisión en la vida pública del país. Ya basta del mapuche como histórico panadero explotado, o del discurso implantado de su supuesta flojera o alcoholismo.
Y el chileno o chilena que no forma parte de la oligarquía, tiene que entender esta injusticia, y no hacerse eco de lo que dicen los saqueadores, pues como pueblo trabajador, en otros ámbitos, también es víctima del sublime y permanente abuso de los de arriba, de aquellos a los que sirven.
La igualdad ante la ley en Chile, es una falacia gigantesca. ¿Usted, nosotros, somos iguales ante ley frente al poder económico de un Luksic, Paulmann, Piñera, Matte, o Larraín? La respuesta es sencilla.
A pocas horas del plebiscito de la Constitución, hay que dejar muy en claro que no se trata de una pugna entre los pueblos originarios contra los chilenos no pertenecientes a ellos.
La lucha es entre los privilegiados y los explotados. Y que ahora vengan a decirnos que somos todos iguales, que el amor los guía, no es más que una idea falsa e hipócrita, coherente con la falta de principios que caracteriza a ese sector social egoísta y repleto de privilegios.
Por ello, que los pueblos originarios no solo tengan voz, sino también decisión, es parte de la normativa internacional consagrada hace muchos años, y de aplicación incluso en muchos países. Y no consagra la desigualdad ante la ley, al contrario, refuerza lo que es justo.
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