Chile. Los Malditos lo hicieron de nuevo

Por Cristian Martínez

Mientras la mitad de los chilenos está de vacaciones y la otra mitad trata de capear el calor, la inflación, la cesantía y la delincuencia, nuestra clase política vuelve a tomar decisiones da espaldas de la ciudadanía. El próximo 6 de marzo debiera comenzar a sesionar el Comité de Expertos del nuevo proceso constitucional y la designación de sus 24 integrantes están en pleno proceso de definición, es por eso que están a contrarreloj escogiendo a los y las “personas más sabias e íntegras”, que tendrán el honor de delimitar lo que va a estar o no permitido en el nuevo texto Constitucional.

En su mayoría, los partidos optaron por nombres ligados a think tank y centros de estudios, aunque también a ex funcionarios de Bachelet y Piñera. Muchos ligados a la ultraderecha heredera del ideario de Jaime Guzmán y de sus brazos armados: El think tank Libertad y Desarrollo, la Fundación Jaime Guzmán, la Universidad del Desarrollo, la Universidad Católica. Gente proba y sin nexos con grupos de interés, como Natalia González conocida lobbista de Libertad y Desarrollo, que hoy integra el Consejo para la Transparencia; Máximo Pavez, UDI ex subsecretario de Piñera y ex asesor de Fundación Jaime Guzmán; Juan José Ossa, RN ex subsecretario de Segpres de Piñera; Catalina Salem, académica de la UDD; Carlos Frontaura, académico de la PUC y asesor de Fundación Jaime Guzmán. Y como guinda de la torta piensan llamar a Hernán Larraín, UDI, ex parlamentario durante 24 años y luego ministro de Justicia y DDHH de Piñera (además de haber sido un férreo defensor de Colonia Dignidad y de su pedófilo líder). Pero los lobistas no son exclusivos de la derecha, la ex concertación también tiene gente que se autodenomina “expertos”: José Antonio Ramírez, asesor del PPD; Jorge Insunza del PPD, ex diputado y ex ministro, también fue un conocido ex asesor de Luksic mientras que, al mismo tiempo, era presidente de la comisión de minería de la cámara de diputados. Insulza proviene del PC, pero a comienzos de los años 90 se integró a la empresa de Lobby de Enrique Correa y optó por militar en el PPD, así era más fácil llegar a ser parlamentario; y Gloria de la Fuente, PS cientista política, ex presidenta de Fundación Chile21, ex asesora del Segpres, miembro del Consejo para la Transparencia. A Gloria la conocí como una ayudante de pregrado, prontamente se puso bajo el alero del Laguismo, así llegó a la Fundación Chile21, como una de las guardianas del “legado de Ricardo Lagos”. Hoy en día dice ser una académica, aunque no le conozco ningún paper o aporte a la disciplina de la ciencia política, pues su carrera ha estado ligada al cabildeo o lobby político como negociadora del PS.

Como se puede apreciar en esta sencilla lista, todas son personas honestas y expertos totalmente apolíticos, que evaluarán el texto constituyente en su mérito, sin recibir presiones de ningún tipo, sino que pensado todo en el bien de Chile. No vayan a pensar mal, pues estas personas han hecho carrera con sus propios méritos sin ningún padrino político (Gloria de la Fuente y Ricardo Lagos, e Insulza y su mentor el Guatón Correa). Aún queda por ver a los expertos del Frente Amplio, aunque es posible que también sean una suerte de “académicos-lobbistas”. Lamentablemente el PC también cayó en el juego, y presentó a sus “expertos” legitimando con ello el proceso más antidemocrático de los últimos 30 años. ¿O acaso creen genuina e inocentemente que se logrará un texto medianamente decente? ¿O creen que los 50 constituyentes electos tendrán alguna chance de aportar a un texto que será supervigilado por los 24 “expertos”?

El famoso “Acuerdo por Chile”, con las firmas de Cristián Warken (Amarillos) y Ximena Rincón (Demócratas) inclusive, debe ser uno de los instantes más infames de los que tenga memoria. Y, ante una negociación tan turbia y espuria, personalmente prefiero continuar con la Constitución vigente y tratar de aggiornarla para enfrentar los desafíos del siglo XXI reemplazando “en la medida de lo posible” el espíritu de la Guerra Fría con la que se originó en 1980.

Todo el actual proceso constituyente es una farsa democrática, un fraude, una patraña, un autoengaño de la clase política con la que quiere embaucar al pueblo, tratando de mostrarse como demócratas y con falsos deseos transformadores. Todos sabemos de antemano que no se va a tocar el modelo del Estado Subsidiario, que los grandes empresarios van a seguir saqueando los bolsillos y el ecosistema (agua incluida), que se va a robustecer al senado, que los pueblos originarios van a tener que esperar sentados que se les reconozca constitucionalmente, que no habrá referéndum revocatorio para juzgar y fiscalizar a las malas autoridades, en fin; que los bomberos seguirán mendigando en las esquinas y que no tendremos ningún derecho social garantizado. Al contrario, es posible que este proceso finalice con un texto peor que el actual, con un presidencialismo más fuerte y autocrático, con mayor poder de decisión de los partidos políticos, con autoridades corruptas blindadas y con mayor poder (como el recién nombrado Fiscal Nacional). Siempre se debe pensar considerando que la clase política actúa para su propio beneficio. Ya lo decían los sociólogos Michels, Mosca y Pareto a comienzos del siglo XX al analizar a la “clase política” como un estamento aparte del resto de la sociedad, donde las elites gobiernan y se autorreproducen desde “su jaula de hierro” (es cosa de ver a los Moreira, los Carter, los Lavín, los Coloma, los Larraín, etc). ¿Por qué nuestra clase política tendría que ser honesta, proba, intachable, solidaria pensando en el bien común? Eso iría contra toda lógica, y contra su propia naturaleza.

Luego del rotundo y doloroso fracaso del plebiscito del 4 de Septiembre era indudable que vendría una contra corriente conservadora, que señalaría al “octubrismo” como un movimiento de delincuentes, acusando al 38% de ser unos “chavistas refundacionales”. Es cierto, ellos ganaron y tiene “el sartén por el mango”. Pero el triunfo también requiere de cierta mesura y contención, y sobre todo, de saber analizar el escenario político de ahí en adelante. Sin embargo, con la soberbia y ceguera que los caracteriza, la elite ahora cree que el 62% de los chilenos es de derecha y que a todos les encanta el statu quo. Tan improvisado y desprolijo ha sido el actual proceso, que la elite política ni siquiera ha contemplado la posibilidad que la ciudadanía en masa vote rechazo. Y lo más probable es que gane esa opción. ¿Y entonces qué? ¿quedarse con la actual Constitución sin modificarla? ¿llamar a un tercer y fraudulento Acuerdo Nacional y un posterior trucho proceso constituyente? ¿Vivir en un loop o bucle temporal hasta que llegue al poder algún candidato de ultraderecha que rompa el hechizo y provoque otro estallido social? Mientras sucede todo aquello, y porque desafortunadamente conozco personalmente el prontuario de un par de personas escogidas como “expertos”, yo voto RECHAZO.

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