Comunidades completan 48 horas de Paro Regional Indefinido en Colombia

Comunidades campesinas y mineras de la región de los Dos Ríos, en Colombia, declararon un Paro Regional Indefinido para exigir el desmonte del paramilitarismo y el reconocimiento de una Emergencia Humanitaria. Desde este lunes en la madrugada se mantienen bloqueando una de las principales vías del país y exigen la presencia del presidente Gustavo Petro.

En la madrugada del 23 de enero miles de personas de los departamentos de Norte de Santander, Santander, nordeste antioqueño, Cesar y Bolívar, se encontraron en La Lizama, un punto de la vía que comunica las ciudades de Bucaramanga y Barrancabermeja. Armaron algunas carpas y con banderas, trapos y carteles se pararon en medio de la carretera.

Paro Regional Indefinido, Emergencia Humanitaria, Vida y Territorio, escribieron en un gran pedazo de tela amarillo que atraviesa la calle y que acompaña como bandera a las comunidades que desde hace varios meses han denunciado la incursión y fortalecimiento de grupos paramilitares en sus territorios.

“Hablamos de una crisis humanitaria porque las comunidades se están viendo afectadas en  sus cotidianidades”, asegura María José Pérez, defensora de Derechos Humanos de la Región de Los Dos Ríos.

Además, afirma que “se están presentando grandes afectaciones a los Derechos Humanos, como retenes irregulares, asesinatos selectivos, desplazamiento y una gran estigmatización de las dirigencias y liderazgos sociales”.

A esta hora la vía que comunica las ciudades de Bucaramanga y Barrancabermeja aún permanece bloqueada. Pero esta movilización indefinida es la expresión de distintas denuncias y llamados urgentes que las organizaciones de la región han hecho a la opinión pública y al gobierno nacional durante meses.

Los Dos Ríos y la presencia de actores armados

La región de “los Dos Ríos” lleva este nombre porque la atraviesan dos grandes ríos: el Magdalena y el Cauca. Sus suelos tienen vocación agrícola, es decir, son aptos para sembrar alimentos, y cuenta con territorios estratégicos como la Serranía de San Lucas, un entramado de montañas en cuya tierra abundan minerales.

Además, esta región resulta ser estratégica para el narcotráfico pues, según el Informe de Derechos Humanos en la región de los Dos Ríos: paramilitarismo y modelo represivo contra las comunidades, realizado por el Equipo Jurídico Pueblos -EJP-, en ella nacen dos corredores; el primero empieza en Segovia (Antioquia), conecta a Bolívar y termina en el Catatumbo (Norte de Santander). El segundo, conocido como «Corredor norte», inicia en Anorí y va hasta el Urabá chocoano.

Este es un “epicentro estratégico al que los grupos paramilitares quieren llegar y desencadena en que la crisis humanitaria sea más fuerte”, afirma Pérez. Aquí hacen presencia los Caparrapos, una banda llamada Jalisco Nueva Generación y las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia -AGC-.

Según las comunidades estas últimas son quienes llevan a cabo un mayor ejercicio de control y zozobra, luego de haber crecido y consolidado su presencia durante el periodo de pandemia.

Estas estructuras “operan -de manera coordinada- bajo una misma estrategia, con el Ejército y en algunos sectores, con las Disidencias” de las Farc, según el informe del EJP. Se trata de “un plan de copamiento militar y paramilitar”, una estrategia atravesada por intereses económicos y políticos: mineros, agroindustriales, ganaderos, narcotráfico; dejando a las comunidades en el centro de esa disputa.

Ataques, desplazamientos, asesinatos

“Miles de campesinos nos encontramos hoy aparcados en la carretera porque queremos buscar soluciones a la situación humanitaria que venimos sufriendo”, dice Leidy Gil, vocera de los Dos Ríos. Esta crisis se materializa en cada una de las veredas, municipios y departamentos que integran esta región a manera de asesinatos selectivos, confinamientos, retenes irregulares, entre otras acciones.

En los últimos dos años se han registrado tres casos de judicializaciones y detenciones arbitrarias, al menos cinco casos de desaparición forzada en 2022 y el asesinato de dos líderes históricos de la región: Jorge Tafur y Teófilo Acuña.

Sumado a esto se ha hecho un “control social conjunto”, pues en el sur de Bolívar, por ejemplo,  el ejército establece un retén y a menos de 15 minutos las AGC instalan otro, cuenta Gerardo Amador, campesino de esta región.

Además, las comunidades denuncian que todos los días se evidencia el movimiento de los grupos paramilitares con la presencia de entre cien y quinientos hombres que transitan libremente y en connivencia con la fuerza pública.

María José Pérez asegura que esta crisis humanitaria ha tenido como consecuencia el desplazamiento masivo, la estigmatización del campesinado y, sobre todo, sensaciones de zozobra y temor para las comunidades. A pesar de esto, las organizaciones sociales y populares, “dentro de la resistencia, lucha por la permanencia y la vida, nos seguimos manteniendo firmes”.

En medio del temor y la violencia se han forjado y fortalecido un tejido social organizativo que, “en un ejercicio de autoprotección, hemos creado Guardias Campesinas, Agromineras; tenemos actividades de caravanas humanitarias y ambientales… y por supuesto, la movilización social y política como en la que nos encontramos el día de hoy”, afirma Pérez.

El desmonte del paramilitarismo: una exigencia clave

“Nos lanzamos hoy a la calle porque necesitamos garantías para permanecer en nuestros territorios”, aseguró Leidy Gil en la rueda de prensa que se llevó a cabo el martes 24 de enero en el punto de bloqueo. Para este momento los campesinos y campesinas ya completaron 48 horas de protesta y podrían ser muchas más, pues hablan de un paro regional de carácter indefinido.

Sostienen como una de sus principales exigencias que el presidente Gustavo Petro establezca un mecanismo de interlocución con la región y sus procesos organizativos, aclarando en esa misma rueda de prensa que han “apoyado el impulso de este gobierno y esta movilización no se enmarca en el llamado de la ultraderecha a salir a las calles”.

Además, exigen que se reconozca el estado de Emergencia Humanitaria en la región y se tomen medidas concretas para garantizar la vida, la permanencia y el ejercicio de los liderazgos, a través de la creación de un plan integral y de una comisión permanente que realice el seguimiento de la Emergencia.

Sin embargo, hay una exigencia de carácter más estructural que es transversal a las problemáticas que exponen: el desmonte del paramilitarismo. En este punto el Estado juega un papel fundamental, pues, según los mismos testimonios de las comunidades, ha sido evidente la colaboración de la fuerza pública con los grupos paramilitares.

Aunque es el campesinado de esta región quienes se declararon en paro indefinido, la historia se repite en los demás departamentos y ciudades del país, donde el accionar de estos grupos pone en riesgo los planes de vida construidos por las comunidades.

Para Leonardo Jaimes, abogado del Equipo Jurídico Pueblos y quien también acompaña la protesta, “si no se desmantela el paramilitarismo, cualquier propuesta de paz, planteada por cualquier gobierno, fracasa. No es posible. Por eso es importante que se entienda por qué esta lucha trasciende esta carretera…es una reivindicación nacional”.

Hasta el momento,al punto de bloqueo han llegado efectivos del ejército y policías que transitan de manera irregular, con sus identificaciones escondidas, hostigando a los manifestantes; sin embargo, el gobierno nacional todavía no se ha manifestado con relación a las exigencias del paro.

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