Rodrigo Díaz, asesor en pesca artesanal, advierte que la industria ha triplicado sus exportaciones en 15 años, y que el verdadero conflicto radica en la tensión entre la acumulación privada y los derechos territoriales, ecológicos y de los pueblos originarios en el borde costero.

Frente al recurrente discurso que advierte sobre un «estancamiento» de la industria salmonera chilena, Rodrigo Díaz, asesor especialista en Pesca Artesanal y Comunidades Costeras, plantea una lectura radicalmente distinta. En su columna, el experto sostiene que las cifras desmienten cualquier paralización, revelando que el verdadero debate no es económico, sino político y territorial, tensionado por los límites que la propia industria busca traspasar en el borde costero.

Díaz basa su análisis en datos contundentes: las exportaciones del sector saltaron de US$ 2.059 millones en 2010 a US$ 6.552 millones en 2025, lo que representa un crecimiento acumulado del 218,2% en quince años. «Estamos frente a una industria que ha mantenido un peso estructural en la economía exportadora chilena», destaca el especialista, quien además recalca que el salmón se consolidó en 2025 como el segundo producto más exportado del país.

Para el asesor en pesca artesanal, el discurso del «estancamiento» no denuncia una crisis real, sino la «frustración de una expectativa de expansión indefinida». Según su análisis, este lenguaje funciona como una presión política para deslegitimar cualquier regulación que limite el avance del sector sobre el mar. «Sirve para convertir cualquier regulación, cualquier resguardo ambiental o cualquier derecho territorial indígena en un supuesto obstáculo para el desarrollo», escribe Díaz.

El punto de quiebre, explica el especialista, se encuentra en el creciente reconocimiento del borde costero como un espacio de múltiples usos —donde conviven la pesca artesanal, las comunidades y la conservación— y no como un vacío disponible para la acumulación privada. En este escenario, la Ley 20.249, que crea el Espacio Costero Marino de los Pueblos Originarios (ECMPO), emerge como una pieza clave. La normativa, que busca resguardar el uso consuetudinario y las tradiciones de las comunidades costeras, es vista por ciertos sectores como una amenaza.

«La Ley 20.249 se vuelve incómoda porque introduce una pregunta que el expansionismo salmonero preferiría evitar: ¿quién decide sobre el mar y en función de qué intereses?», cuestiona Díaz. El especialista concluye que el verdadero trasfondo del debate no es un supuesto estancamiento económico, sino el límite político a la capacidad de una industria para seguir expandiéndose sin contrapesos ecológicos ni territoriales, particularmente cuando comunidades de pescadores artesanales y pueblos originarios exigen participar en la definición de los usos del espacio costero.

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