Por José A. Amesty Rivera

A propósito de la discusión de la entrada de Venezuela al FMI y un posible endeudamiento, comparto estas líneas. 

El Fondo Monetario Internacional vuelve a aparecer en la situación de Venezuela, pero no como algo totalmente nuevo, sino como parte de una relación que nunca se rompió del todo. Es importante aclararlo desde el principio, el Fondo Monetario Internacional no es un lugar al que se entra y se sale; Venezuela sigue siendo miembro desde 1946, lo que pasó en los últimos años fue más bien un distanciamiento político y práctico, ya conocido, no una salida oficial.

Por eso, lo que hoy algunos llaman “el regreso” es en realidad volver a activar una relación que estaba casi detenida; y aquí es importante aclarar otra idea, que el Fondo venga a “salvar” a Venezuela, no es exactamente así.

Surgen dos preguntas importantes que están en el centro del debate: 

¿Se puede usar este tipo de relaciones sin repetir la dependencia de otros países o instituciones? ¿Puede un país acceder a sus propios recursos dentro del sistema internacional sin quedar atado a sus reglas? 

La respuesta no es simple, en teoría, un país puede recuperar parte de su dinero dentro del sistema sin pedir nuevos préstamos. Pero en la práctica, todo depende de las reglas del sistema internacional, donde lo económico y lo político están muy mezclados.

Una parte importante del dinero en discusión no es un préstamo nuevo ni ayuda externa; se trata de unos fondos que los países ya tienen dentro del propio Fondo Monetario Internacional, algo así como “dinero guardado” que les pertenece. En el caso de Venezuela, ese dinero había quedado bloqueado o sin poder usarse por decisiones y problemas políticos y administrativos.

Lo que describimos en lenguaje económico, se refiere específicamente a los Derechos Especiales de Giro (DEG). ¿Qué son los DEG? No son una moneda física, sino un activo de reserva internacional creado por el FMI; funcionan como una unidad de cuenta cuyo valor se basa en una cesta de las monedas más fuertes del mundo (dólar, euro, yuan, yen y libra). 

¿Por qué es «dinero propio»? Cada país miembro del FMI, tiene una cuota asignada según su peso en la economía mundial. Cuando el FMI decide hacer una «asignación general» de DEG (como la de 2021 para combatir los efectos de la pandemia), estos fondos se distribuyen proporcionalmente a esas cuotas. Por lo tanto, no es un préstamo que genera intereses por su uso, sino un activo líquido que ya forma parte de las reservas internacionales de cada nación. 

Esto cambia la forma de ver el tema, porque no se trata, al menos por ahora, de endeudarse más, sino de recuperar dinero que ya era del país pero que no se podía usar.

En esa línea, el gobierno de Venezuela ha dicho que su intención no es pedir nuevos préstamos, sino normalizar la relación, volver a conectarse con el sistema financiero internacional y recuperar acceso a esos recursos.

Sin embargo, la historia pesa, el Fondo no solo maneja dinero, también opina sobre cómo los países organizan su economía, hace recomendaciones y sugiere caminos que luego influyen en otros actores del mundo financiero.

Por eso, aunque se diga que no habrá nuevos préstamos, volver a acercarse al Fondo abre la posibilidad de futuras negociaciones si el país necesita más apoyo. Y aquí aparecen las condiciones.

Las preguntas iniciales anteriores, toman más sentido aquí. La primera (si se puede evitar la dependencia), tiene que ver con una experiencia repetida en América Latina, los países pueden negociar, pero no siempre logran liberarse por completo de las reglas del sistema financiero mundial.

La segunda pregunta (si se puede usar el propio dinero sin quedar atrapado en ese sistema), también tiene una respuesta mixta. Sí, se puede usar en el corto plazo, como en el caso del dinero bloqueado, pero ese uso está conectado con la confianza de otros países, con la estabilidad de la economía y con cómo ven la situación los mercados internacionales.

América Latina ya ha vivido esto muchas veces, los acuerdos con el Fondo Monetario han estado asociados en varios momentos a recortes del gasto público, cambios en servicios sociales y ajustes en la economía que han afectado a la población. No es solo una opinión, sino algo que se ha repetido en distintos países y gobiernos.

En Venezuela, esto tiene un significado especial, durante años, el gobierno de Hugo Chávez marcó distancia con el Fondo como símbolo de independencia económica. Hoy la situación es diferente, porque la realidad económica y las condiciones externas han cambiado.

El país enfrenta una economía muy debilitada, con mucha deuda externa, dificultades para conseguir dinero en el exterior y problemas acumulados como: dependencia del petróleo, caída de la producción y desequilibrios internos.

A esto se suman sanciones internacionales que han limitado operaciones financieras y comerciales, además de problemas internos ya existentes.

En este contexto, acercarse al Fondo aparece como parte de una estrategia para volver a integrarse al sistema financiero mundial. No necesariamente como un cambio de ideas, sino como una respuesta a una situación difícil.

Pero el punto clave sigue siendo el mismo, el Fondo no funciona aislado, forma parte de un sistema donde el dinero, las decisiones económicas y el poder están conectados. Incluso sin acuerdos formales, su presencia influye en lo que otros países y bancos deciden.

Así, lo que parece un paso técnico puede terminar teniendo efectos más grandes en el futuro, y en ese proceso vuelve el debate sobre la soberanía económica, no como un eslogan, sino como un problema real.

Porque la soberanía no es algo fijo ni permanente, es la capacidad de un país de tomar decisiones propias en medio de presiones externas y necesidades internas.

En el mundo actual, donde el dinero, el comercio y la inversión están concentrados en pocos centros de poder, ningún país tiene libertad total.

Esto no significa que no haya margen de acción; los gobiernos pueden decidir prioridades, orientar políticas sociales, cambiar sectores importantes y negociar mejores condiciones. Pero esos márgenes tienen límites y pueden ampliarse o reducirse según la situación interna y la dependencia externa.

En Venezuela, esta tensión es clara, el país necesita estabilizar su economía, pero también quiere mantener control sobre sus decisiones.

Por eso, aunque por ahora la relación con el Fondo se limite a recuperar dinero propio y normalizar contactos, el proceso es más amplio. Cada decisión en el ámbito internacional no solo resuelve un problema inmediato, también influye en el futuro.

La historia de América Latina muestra que los caminos para estabilizar la economía nunca son neutrales.

El desafío no es solo económico, sino político: decidir cómo relacionarse con el mundo, bajo qué reglas y con qué prioridades sociales. En este sentido, la soberanía no es algo que se declara una vez y ya está, sino algo que se defiende todos los días con decisiones concretas.

El caso venezolano muestra esa tensión en desarrollo, no hay un final claro todavía, es un proceso en movimiento, con necesidades urgentes, presiones externas y decisiones internas que van marcando el rumbo.

Y en ese proceso se juega lo más importante, si la relación con el sistema financiero internacional será solo una herramienta temporal para resolver problemas, o si terminará convirtiéndose en una dependencia más fuerte.

Esa es la verdadera discusión, y todavía no está resuelta.