Por Félix Madariaga
En medio de un escenario internacional marcado por conflictos armados y reconfiguraciones geopolíticas, Chile enfrenta una disyuntiva que no es menor: abrir o no la puerta a vínculos estratégicos, tecnológicos y comerciales con un país que hoy se encuentra en medio de una guerra activa.
La visita en marzo pasado del canciller ucraniano Andrii Sybiha no pasó desapercibida. Más allá del protocolo diplomático, lo preocupante es el contenido y la orientación de las reuniones sostenidas en el país. Particularmente relevante resulta el encuentro con el presidente de ultraderecha José Antonio Kast durante el cambio de mando, en el cual le transmitió un mensaje directo del presidente Volodymyr Zelensky y se exploraron áreas de cooperación que incluyen agricultura, tecnologías no tripuladas y digitalización.
A primera vista, estos temas pueden parecer inocuos o incluso beneficiosos. Sin embargo, al observar el contexto en el que se desarrollan, surgen interrogantes profundas. ¿Qué significa realmente establecer cooperación en tecnologías no tripuladas con un país que ha desarrollado gran parte de estas capacidades en el marco de un conflicto bélico? ¿Qué tipo de transferencia tecnológica se está promoviendo? ¿Y bajo qué condiciones?
Estas dudas no son abstractas. En la reciente Feria Internacional del Aire y del Espacio (FIDAE), realizada en Chile, se exhibieron sistemas desarrollados en un contexto de guerra, entre ellos, el dron ucraniano “Vampire”. Su presencia no solo da cuenta del interés por posicionar este tipo de tecnologías en el mercado chileno, sino también de la intención de abrir espacio a eventuales adquisiciones por parte del Estado. No se trata, por tanto, de una discusión hipotética, sino de una posibilidad concreta que ya comienza a tomar forma.
La presencia del dron ucraniano “Vampire”, también conocido como “Baba Yaga” en la FIDAE no solo llamó la atención por su origen y sus usos, sino también por la forma en que fue presentado. Lejos de una exhibición abierta y transparente, el stand carecía de interlocutores adecuados para el público local: no había personal que hablara español, se restringía la posibilidad de fotografiar el equipo y sólo se entregaba un folleto o información técnica. En la práctica, quienes se interesaban por conocer más sobre esta tecnología debían recurrir a fuentes externas, lo que resulta, al menos, contradictorio para una instancia que busca promover productos y generar vínculos comerciales.
El interés del Ministerio de Defensa chileno en este tipo de plataformas refuerza estas preocupaciones. Aunque se presentan como soluciones innovadoras, muchas de estas tecnologías provienen de un ecosistema industrial tensionado por la guerra, con empresas emergentes, cadenas de suministro inestables y estándares que responden más a la urgencia del combate que a procesos consolidados de desarrollo y certificación.
Es importante tener claridad en que al final del día, no todo lo que se ofrece como progreso lo es; y no todo socio comercial es, necesariamente, un buen socio.
Nos hemos enterado a través de fuentes bien informadas de que existe un interés real del gobierno de José Antonio Kast y de militares chilenos de altos rangos, por comprar drones civiles y militares a través de compañías chilenas que están negociando con Ucrania una posible cooperación: los productos de interés son dos modelos de la empresa Sky Fall – P1 y Vampire, recientemente exhibidos en Fidae.
No es una buena idea firmar contratos con Ucrania o sus intermediarios. La experiencia internacional ofrece advertencias claras. El caso del avión Antonov adquirido por Perú – envuelto en cuestionamientos por intermediación irregular, sobreprecio y falta de respaldo real del fabricante – evidencia los riesgos de establecer acuerdos con proveedores cuya estructura comercial no es transparente o cuya situación productiva es incierta. No se trata simplemente de desconfianza ideológica, sino de antecedentes concretos que deberían encender alarmas en cualquier proceso de compra estatal. Recordemos que Ucrania pretendió vender el avión Antonov de la misma empresa estatal a Perú por 65 millones de dólares americanos, que finalmente sería destinado al Ministerio del Interior del país sudamericano en el año 2020, desató un escándalo de proporciones y de corrupción, que en Ucrania le costó el cargo a diversos personeros de gobierno.
Otro hecho muy similar se destapó en 2024 cuando Ucrania intentó vender otro avión a Perú – de la misma marca – para la policía nacional. Polémica debida a que el avión Antonov an-74 tenía más de 20 años. Pero lo más increíble de esta historia es que la empresa ucraniana Antonov informó oficialmente al Ministerio del Interior, que la compañía Aero Express FZE, con sede en Emiratos Árabes Unidos, presentó documentación falsa y nunca recibió autorización para fabricar aeronaves modelo An-74, pese a haber sido contratada por US$63,9 millones. Después de saberse esto, nadie debería involucrarse en negocios con Ucrania y las menos con las empresas externas con las que trabaja.
Nuestras autoridades deberían tener presente que los chilenos no queremos negociar con un país en conflicto ni con sus empresas. En la agenda de nuestro país no deberían existir negociaciones o acuerdos de cooperación con empresas como Sky fall o directamente con Ucrania, y menos hacerlo a través de empresas chilenas para producción local o transferencia de tecnología, como es el caso de C3D, empresa chilena que ofrece una variedad de vehículos no tripulados de combate, actualmente en uso en Ucrania, asociados con la empresa De Viro.
Otras compañías que están tratando de vender productos o asociarse y que han llamado la atención de nuestros militares, son Indamax, que vende drones antiaéreos ucranianos y la compañía checa STV Group, que también vende drones ucranianos.
La disposición de sectores de la ultraderecha chilena a estrechar vínculos con actores involucrados directamente en conflictos armados internacionales abre un flanco político y ético complejo. La alineación con agendas externas, especialmente en materias sensibles como defensa y tecnología militar, puede comprometer la autonomía estratégica del país y desdibujar su histórica vocación por la paz y los principios de no injerencia.
Chile no necesita importar incertidumbre ni riesgos encubiertos bajo el discurso de la modernización tecnológica. Tampoco requiere involucrarse indirectamente en dinámicas de guerra a través de la adquisición de equipamiento o la firma de convenios con actores cuya prioridad actual no es el desarrollo civil, sino la supervivencia en un conflicto.
La política exterior y de defensa debe estar guiada por criterios de largo plazo, transparencia y resguardo del interés nacional. Esto implica evaluar no solo el precio o la innovación aparente de una tecnología, sino también el contexto en que se produce, la estabilidad de sus proveedores y las implicancias políticas de su adquisición.
En tiempos donde la guerra se ha convertido también en un negocio, Chile debe decidir con claridad si quiere ser parte de ese circuito o mantenerse fiel a una tradición que privilegia la paz, la soberanía y la prudencia.
Fuentes:
https://ru.interfax.com.ua/news/general/1150626.html
https://www.defensa.com/peru/vueltas/-controvertida-compra-antonov-an-178-peru
Fotos de la embajada de Ucrania en FIDAE
www.liberacion.cl 