por Rafael Alejandro Ignacio Peterson Escobar

La reciente Cumbre de Santiago contra el Crimen Organizado Transnacional —que reunió en la cancillería chilena a representantes de Perú, Bolivia, Argentina, Ecuador y al presidente José Antonio Kast— se presentó ante la opinión pública como un hito inédito de cooperación judicial y fronteriza. Se habló de inteligencia financiera, trazabilidad migratoria y el combate a las nuevas orgánicas criminales que azotan la región. Sin embargo, al observar el despliegue diplomático y las narrativas geopolíticas que lo rodean, es imposible no sentir el peso de una profunda amnesia histórica.

Santiago ya fue el epicentro de una gran alianza contra el «crimen organizado transnacional», pero ocurrió hace exactamente 170 años, cuando el concepto de criminalidad no se dictaba desde los think tanks de Washington, sino que se padecía en las costas de Centroamérica.

1856: cuando el crimen transnacional vestía uniforme norteamericano

En septiembre de 1856, los gobiernos de Chile, Perú y Ecuador firmaron en esta misma capital el Tratado Continental. El motivo: una amenaza criminal que ponía en jaque la soberanía de toda Hispanoamérica, el filibusterismo.

El rostro de ese crimen organizado de mediados del siglo XIX era William Walker, médico y abogado estadounidense que, al mando de un ejército privado de mercenarios, invadió Nicaragua, reinstauró la esclavitud, abolió el español como idioma oficial y se autoproclamó presidente.

No era el proyecto de un loco solitario: era una corporación criminal transnacional financiada por los sectores esclavistas del sur de Estados Unidos y por grandes magnates comerciales que buscaban controlar la ruta interoceánica, todo ante la complicidad pasiva —y por momentos activa— de un gobierno en Washington que miraba hacia el sur con los ojos del Destino Manifiesto.

Frente a esa violencia corporativa y transfronteriza, la respuesta de Santiago en 1856 no fue pedir asistencia técnica al norte. Fue exactamente lo contrario: unión soberana para la mutua defensa, autonomía política bajo la premisa de que la seguridad de uno era la seguridad de todos, e identidad regional como freno directo a la balcanización y el sometimiento de las nuevas repúblicas.

Hay un dato que rara vez se cuenta: treinta años antes, en el Congreso de Panamá convocado por Bolívar, Estados Unidos ya había logrado infiltrar el proceso, enviando observadores desde el primer día y boicoteando cualquier acuerdo que limitara su expansión hacia el sur. En Santiago, en 1856, eso no ocurrió. Chile, Perú y Ecuador negociaron y firmaron un tratado continental completo —con ejército confederal, ciudadanía común, moneda única y mercado sin fronteras internas— sin que Washington tuviera injerencia alguna en su contenido. La protesta formal de Estados Unidos llegó recién en mayo de 1857, ocho meses después de la firma: demasiado tarde para torcer el texto, a tiempo para presionar su entierro. Porque el tratado no fue saboteado desde fuera durante su gestación, sino traicionado después, desde dentro: ningún congreso nacional lo ratificó. Las oligarquías portuarias de la época preferían comerciar directamente con Londres antes que compartir soberanía con sus vecinos.

El peligro de la memoria selectiva

La paradoja de la cumbre actual es estridente. Mientras en 1856 Santiago se blindaba de manera autónoma contra las agresiones promovidas por intereses estadounidenses, la arquitectura de seguridad actual se alinea explícitamente con agendas externas: doctrinas diseñadas desde el norte que vinculan la seguridad interna con la contención migratoria y la reducción de la influencia comercial de China en América Latina.

El Tren de Aragua, las mafias del narcotráfico y el contrabando son amenazas reales que destruyen el tejido social de nuestros países y exigen una respuesta firme. Pero ninguna estructura criminal transnacional sobrevive en el vacío: ningún cártel lava su dinero sin un sistema financiero que lo absorba, ni trafica armamento sin una industria que lo fabrique y exporte. HSBC fue multado con 1.900 millones de dólares por lavar dinero del Cártel de Sinaloa. El propio Estado mexicano ha demandado a fabricantes de armas estadounidenses por sostener, con su producto y su negligencia regulatoria, la violencia que hoy se nos pide combatir con más fronteras y más vigilancia. El capital del crimen organizado no nace en el sur: se acumula, se limpia y se rearma en el norte global, y solo después se derrama sobre nuestros territorios.

Equiparar la cooperación técnica con la subordinación geopolítica es, por eso, un error histórico. Al perder la memoria del Congreso de 1856 corremos el riesgo de olvidar que la verdadera seguridad transnacional no consiste en transformarnos, una vez más, en la frontera exterior de una superpotencia —ayer contra el comunismo, hoy contra el narco, siempre contra el enemigo que el norte global señala—. Consiste en recuperar la capacidad de decidir, de forma autónoma e integrada, qué es lo que América Latina defiende cuando defiende su propio territorio, y con quién está dispuesta a compartir, en los hechos y no solo en el papel, su desarrollo común.