Por Andrés Figueroa Cornejo

Este martes 18 de octubre, el pueblo boliviano celebró el segundo año de la victoria electoral del Gobierno del Presidente Luis Arce y el Vicepresidente David Choquehuanca, que significó la restauración de la democracia tras el golpe de Estado de noviembre de 2019 propiciado por la reacción oligárquica, de extrema derecha y promovida por Washington, tras el cual se estableció una dictadura de casi un año liderada por la autoproclamada Jeanine Áñez y un grupo corrupto de civiles y militares, que hasta el momento, han sido parcialmente procesados y condenados por la justicia.

En octubre de 2020, las fuerzas democráticas del país situaron al actual Jefe del Estado Plurinacional, Luis Arce, en la Casa de Gobierno con más de un 55 por ciento de los votos de la población.

Hoy, Arce y su pueblo llevan adelante el proceso de revolución democrática y cultural, así como la reactivación económica luego de un régimen autoritario y capitalista neoliberal que, además de enfrentar de manera negligente y criminal los peores momentos de la pandemia de Covid 19, echaron abajo todos los adelantos socio-políticos y económicos contemplados en el Modelo Económico Social Comunitario Productivo actualmente en curso.

Sin mencionar nombres, pero a propósito de los preparativos de naturaleza sediciosa que acaudilla el gobernador del departamento de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, sonado neofascista, y sus comités cívicos, o grupos de ultraderecha racistas, patriarcales y violentos contra las clases populares y los indígenas, el presidente Arce señaló firmemente que el golpismo no pasará.

De hecho, Camacho y los suyos se encuentran preparando un nuevo paro cruceño para el próximo 22 de octubre, con la excusa peregrina de adelantar el Censo Nacional programado democráticamente, y conforme a los requerimientos técnicos y capacitaciones requeridas, para el 2024. Al respecto, el Gobierno Central ha invitado repetidamente a dialogar a Camacho y sus cívicos sin condicionamientos sobre el tema, pero el gobernador de Santa Cruz jamás ha asistido a ninguna de las reuniones extendidas, porque sus objetivos no tienen nada que ver con la fecha del Censo, sino que con los planes de intentar desestabilizar el proceso popular y sus dirigentes en el Gobierno nacional.

Sin embargo, Camacho y compañía no es una fuerza única y uniforme que domina a la población cruceña. Debido a los daños económicos, al atentado a la democracia que comporta la iniciativa de ultraderecha, y al hartazgo de amplios sectores del pueblo de Santa Cruz en sus múltiples provincias y municipios respecto de «las salidas de madre» de Luis Fernando Camacho, diversas agrupaciones y movimientos sociales no participarán del paro. De hecho, la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano se declaró en emergencia y vigilia permanente en rechazo al paro desde este viernes 21 de octubre, y asistirá al Cabildo Popular del próximo 20 de octubre organizado por diversas entidades sociales anti-golpistas y contrarias a los paros contra el proceso revolucionario y democrático que conduce Luis Arce y David Choquehuanca.

Para la realización y toma de decisiones participativa y democrática del Cabildo del Pueblo, ya están confirmadas la Federación de Mujeres Campesina ‘Bartolina Sisa’, la de los Interculturales, y el ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, entre otras agrupaciones y personas que se oponen a los propósitos antisociales de la elite política cruceña.