Hay gobiernos que mienten ocasionalmente. Y hay gobiernos que han convertido la mentira en el único método que saben aplicar. El de Rodrigo Paz pertenece a la segunda categoría, y seis meses son tiempo suficiente para saberlo.

No hace falta recurrir a la especulación. Los hechos están ahí, documentados y sin desmentido oficial serio: el Decreto Supremo 5503, diseñado para habilitar contratos sobre litio, hidrocarburos y minería con plazos tan apretados que hacían imposible el control legislativo, la consulta a comunidades y los estudios de impacto ambiental. Cuando la presión popular lo hizo insostenible, el gobierno lo abrogó. Pero abrogarlo por presión no es reconocer que estaba mal. Es simplemente retroceder ante quien obliga. La diferencia no es menor.

A eso se suma el sobreprecio de cuatro millones de dólares mensuales denunciado en la importación de petróleo crudo a través de YPFB —sin desmentido oficial contundente hasta hoy—, la circulación de combustible de baja calidad que deteriora el parque automotor, la rebaja de cuatro impuestos que benefició directamente a los sectores más acaudalados, y el impulso de una ley de tierras favorable al agronegocio en detrimento de la economía comunitaria. El gobierno habla a los sectores populares como si gobernara para ellos. La evidencia apunta en otra dirección.

Pero el problema no es solo de gestión. Es de origen. Las medidas que Paz ha aplicado no corresponden al programa con el que ganó las elecciones. Corresponden a un recetario que el electorado rechazó votando por otras opciones. Gobernar con un plan que nadie votó no es un tecnicismo: es una fractura de legitimidad que ninguna conferencia de prensa puede reparar. Y cuando ese plan además choca frontalmente con la Constitución —que el propio gobierno juró respetar—, lo que tenemos no es un error de cálculo político. Es una ofensiva deliberada contra el pacto social que hace posible cualquier gobierno.

Frente a eso, el movimiento popular ha respondido con una claridad que contrasta con la confusión del Ejecutivo. Las 16 resoluciones del cabildo de la COB no surgieron de la espontaneidad: son el resultado de un proceso de articulación que ha logrado lo que pocas veces ocurre en política —que organizaciones con historias y demandas distintas confluyan en una sola exigencia. Esa exigencia tiene nombre: la renuncia de Rodrigo Paz.

No es una consigna de odio. Es una conclusión. Cuando un gobierno miente de manera sistemática, aplica un programa que nadie le encargó, utiliza decretos para eludir la Constitución que prometió defender, y responde a la movilización popular con represión e instituciones convertidas en instrumentos del Ejecutivo, la pregunta no es si debe renunciar. La pregunta es qué más necesita ocurrir para que quienes aún dudan lo admitan.

La bandera de esta resistencia no es un partido ni una figura. Es la Constitución misma —el texto que el Estado está obligado a respetar y que hoy se ha convertido en la demanda mínima del pueblo movilizado y en el mayor temor de quienes se benefician del desorden actual.

Seis meses bastan, este gobierno ya mostró lo que es. ¡Por eso debe renunciar!

Venceremos, Espacio Guevarista de la Resistencia en Bolivia