Guatemala. El régimen autócrata de Giammattei persigue y sataniza al periodismo que denuncia la corrupción extractivista

El periodismo del país centroamericano reveló los acuerdos espurios entre el autócrata Alejandro Giammattei y sus pactos privados con las mineras ruso-suizas de Mayaníquel, entre otros graves casos de corrupción.

Durante la primera semana de marzo, un complejo de comunicación social multinacional inició la publicación de materiales que descubrieron los vínculos de corrupción e impunidad entre distintas administraciones del Estado guatemalteco y la industria minero extractivista de las empresas ruso-suizas Solway, CGN y Pronico. Así se supo que la mina realizó transferencias de dinero a la Policía Nacional Civil, PNC, a la burocracia comunal y demás, con el objetivo de asegurar una actividad que luego fue rotulada de ilegal por la Corte de Constitucionalidad desde el 2019.

Asimismo, los medios de comunicación locales que hicieron parte del complejo periodístico multinacional, fundados en innumerables expedientes y el seguimiento profesional por cinco años en El Estor, denunció que la mina en cuestión corrompió con pagos frecuentes a empleados municipales, intervino en las consultas a las comunidades, y compró los servicios del narcotráfico.

Cuando el presidente y dictador Giammattei había sido comprado con el fin de que la compañía Solway-CGN-Pronico hiciera tranquilamente una consulta arreglada a la población con el resultado en la mano, hace tiempo que había empezado la criminalización, estigmatización, persecución y satanización contra el periodismo que investiga y denuncia las actividades extractivistas en El Estor.

Para que el negocio fuera redondo, Giammattei precisó de la colaboración de la fiscal nacional Consuelo Porras, también denunciada por corrupción y prácticas ilegales en su cargo. Fue Porras quien se ocupó de lavar la imagen de policías y funcionarios comprados por la minera.

En esa línea de conducta institucional, el periodista Carlos Choc registró el asesinato del pescador Carlos Maaz cometido por la policía debido a sus protestas en contra de la minera, en 2017.

Junto a Carlos Choc, el Estado de Guatemala ha perseguido a Juan Bautista Xol y a Baudilio Choc, otros dos comunicadores de la comunidad Maya Q’eqchi’ que han dado cuenta profusamente desde El Estor sobre la brutal represión estatal ejecutada contra las comunidades del área donde opera la minera.

De esta manera se está frente a un nuevo momento de hostigamiento criminal institucional contra el periodismo independiente, en el marco de una Guatemala donde se irrespetan sistemáticamente los derechos humanos, así como la libertad de prensa, opinión, expresión y protesta.

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